En un fallo sin precedentes, la Corte Constitucional ordenó revocar la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud sobre la EPS Sanitas, declarando ilegal el proceso adelantado por el Gobierno y obligando a devolver la administración y el control de la entidad a sus accionistas originales.
La decisión judicial ha sido celebrada por el grupo Keralty —al que pertenece EPS Sanitas— como una reivindicación de justicia tras 15 meses de lo que califican como una intervención “arbitraria, premeditada y malintencionada” por parte del Estado. Sin embargo, lejos de un tono festivo, la compañía declaró este día como una jornada de duelo institucional, argumentando el profundo daño causado a su estructura financiera, operativa y humana.
“Nos asfixiaron financieramente, nos persiguieron administrativamente, y finalmente intervinieron para desmantelar desde dentro nuestro modelo de atención”, señala el comunicado oficial de la EPS.
La organización denuncia que esta intervención se dio bajo la justificación de una transformación del sistema de salud, pero terminó generando un impacto negativo tanto en la prestación del servicio como en la estabilidad de la red de atención, dejando tras de sí una entidad devastada: con finanzas comprometidas, redes fragmentadas, altos niveles de quejas y tutelas, y equipos médicos desmotivados.
Problemas estructurales del sistema siguen sin resolverse
Keralty también advirtió que la crisis del sistema de salud en Colombia sigue vigente. A través del comunicado, señaló que la situación financiera que atraviesan las EPS no ha sido resuelta, destacando tres factores críticos:
1. La insuficiencia en la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
2. La concentración asimétrica del riesgo.
3. El cúmulo de deudas, agravado por la pandemia de Covid-19.
A pesar del fallo a su favor, la compañía alertó que la restitución de Sanitas no incluye la recuperación inmediata de su estructura ni de la estabilidad financiera perdida. Hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para que cumpla su obligación constitucional de garantizar un financiamiento adecuado para el sistema de salud.
“Nos devolvieron lo que es nuestro, pero no nos devuelven intacta ni la estructura ni el alma de EPS Sanitas”, expresaron.
Compromiso con la reconstrucción
En su mensaje final, Keralty anunció que emprenderá una ardua tarea para reconstruir Sanitas y recuperar su capacidad de atención y su vocación de servicio. Además, dejó claro que continuará las acciones legales tanto en instancias nacionales como internacionales para buscar la reparación integral de los daños ocasionados durante la intervención.
“Pondremos todos nuestros esfuerzos para enfrentar la situación con dignidad, con ciencia, con compasión y con coraje”, concluyó la compañía.
Con esta decisión, se abre un nuevo capítulo en la larga disputa entre el sector salud privado y el actual Gobierno, en medio de una reforma que sigue generando tensiones jurídicas, políticas y sociales.
