El alto tribunal calificó de deficiente el monitoreo del emisario submarino y advirtió sobre posibles riesgos ambientales por falta de control técnico adecuado.
El Consejo de Estado ordenó una investigación formal sobre el vertimiento de aguas residuales al mar en Santa Marta, tras determinar que el sistema de monitoreo del emisario submarino es deficiente, incompleto y carece de los estándares técnicos adecuados. La decisión se produjo en el marco de un fallo reciente que expone serias debilidades institucionales en la vigilancia ambiental de la ciudad.
El emisario submarino, una tubería instalada desde el año 2000 que se adentra más de 400 metros en el mar Caribe, es utilizado para verter aguas tratadas de forma primaria. Aunque cuenta con licencia ambiental, el fallo señala que su operación carece de sensores, telemetría, modelaciones predictivas y herramientas tecnológicas que permitan anticipar y mitigar riesgos ambientales.
El alto tribunal también recordó que, en 2019, se detectó una fisura en la estructura, pero no se realizaron estudios técnicos sobre su impacto ambiental, lo que representa un incumplimiento grave de las obligaciones de seguimiento y control.
La decisión judicial coincide con la controversia generada por un video viral en el que una ciudadana, María Marcela Preciado, denunció haber sufrido una grave infección bacteriana tras bañarse en la bahía de Santa Marta. Según su testimonio, la infección le habría causado pérdidas físicas irreversibles. Aunque el caso no cuenta con respaldo clínico comprobado, ha reavivado la alarma pública sobre la calidad del agua en las playas samarias.
El Consejo de Estado enfatizó que la falta de monitoreo adecuado pone en riesgo tanto la salud pública como el ecosistema marino, y exigió que las autoridades competentes adopten medidas urgentes y técnicas para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales vigentes.
Y.A.
