CONCEJAL MIGUEL MARTÍNEZ DENUNCIA QUE TODAS LAS CÁMARAS DE FOTOMULTAS EN SANTA MARTA SON ILEGALES. pic.twitter.com/iapbZv98AR— Miguel Martínez Olano (@ElMonoMartinez_) June 28, 2025
Un nuevo escándalo sacude la capital del Magdalena tras las declaraciones del concejal Miguel Martínez, quien aseguró que todas las cámaras de fotomultas instaladas en Santa Marta operan de manera ilegal. La afirmación fue hecha durante una sesión del Concejo Distrital, donde el cabildante señaló presuntas irregularidades en la instalación y funcionamiento de estos dispositivos de control vial.
Según Martínez, las cámaras carecen de los permisos técnicos y jurídicos requeridos por la ley para imponer sanciones a los conductores. “No existe respaldo legal para que estas fotomultas estén activas. Lo que se está haciendo con los ciudadanos es un atropello a sus derechos, cobrando comparendos con equipos que no tienen autorización”, afirmó el concejal.
La denuncia ha generado preocupación entre la ciudadanía y ha puesto en tela de juicio la transparencia del convenio firmado entre el Distrito y el operador encargado de la administración de las cámaras. Martínez también solicitó a la Administración Distrital que revele los términos del contrato con la empresa concesionaria, así como los documentos que acrediten la legalidad de su operación.
¿Qué dice la ley?
La normativa colombiana exige que toda cámara de detección electrónica cuente con aprobación previa del Ministerio de Transporte y que esté debidamente señalizada. Además, deben cumplirse condiciones técnicas certificadas para que los comparendos tengan validez jurídica. De no cumplirse estos requisitos, las sanciones podrían ser anuladas y los responsables, sancionados.
Reacciones institucionales
Hasta el momento, la Alcaldía de Santa Marta no ha emitido una respuesta oficial a las declaraciones del concejal. No obstante, fuentes cercanas a la Secretaría de Movilidad indicaron que se revisará el estado legal de las cámaras y se hará una verificación técnica del sistema actual.
Entre tanto, sectores ciudadanos y defensores del consumidor han pedido suspender inmediatamente las sanciones electrónicas mientras se esclarece la situación jurídica de los equipos.
Posibles consecuencias
De comprobarse la ilegalidad en el funcionamiento de las cámaras, se abriría la puerta para que los ciudadanos sancionados interpongan recursos legales, lo que podría traducirse en la devolución de millonarias sumas recaudadas a través de comparendos electrónicos en los últimos años.
La denuncia del concejal Martínez pone en evidencia una posible vulneración masiva de derechos y plantea un debate urgente sobre el uso de tecnologías de control vial sin el debido soporte legal en Santa Marta.
