Abogados, la DNI y la Iglesia católica pilotan mesas de diálogo para reintegrar a los capos de los Costeños y los Pepes, en medio de críticas políticas y temor ciudadano.
Por: Redacción.
DIARIO LA LIBERTAD
La llamada paz total promovida por el presidente Gustavo Petro ha abierto un nuevo capítulo de polémica en la costa Caribe de Colombia, donde la inseguridad y la violencia urbana persisten a pesar de recientes treguas temporales. Un medio de comunicación nacional conoció que en los próximos meses el Gobierno nacional pretende llevar a tarima a Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, máximo jefe de los Costeños o del bloque Resistencia Caribe, y a Digno José Palomino Rodríguez, alias Digno, líder de la banda de los Pepes, para que participen en mesas de diálogo sociojurídico en Barranquilla.
Detrás de estos acercamientos hay un selecto grupo de abogados especializados en derechos penales y procesos de negociación con organizaciones criminales, quienes sostienen reuniones con la finalidad de allanar el camino para otorgar beneficios legales o, incluso, la libertad condicionada a estos dos peligrosos cabecillas. Aunque no se ha fijado una fecha concreta para un evento público, fuentes de la Presidencia indicaron que se evalúa replicar en la capital del Atlántico el formato del reciente cabildo popular de Medellín, en el que participaron exintegrantes de la guerrilla y emisarios del Ejecutivo.
Al parecer, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) actuó como mediadora en, al menos, un encuentro preliminar en Barranquilla, junto a representantes de la Iglesia católica, el Distrito y varios juristas, con el objetivo de forjar una salida negociada a la prolongada guerra urbana que mantienen las estructuras criminales en la zona. “En Barranquilla han disminuido los homicidios por la tregua que hay entre la banda de los Pepes y los Costeños, porque quieren llegar a dialogar con el Gobierno de Gustavo Petro”, afirmó una fuente de inteligencia consultada por SEMANA.
Sin embargo, la alcaldía de Alejandro Char ha rechazado de plano la idea de facilitar espacios de conversación que incluyan a bandas criminales. Funcionarios distritales advirtieron que, de llevarse a cabo por iniciativa del Gobierno Petro, exigirán garantías de seguridad y protocolos estrictos para impedir nuevos picos de violencia en la ciudad. De otro lado, sectores ciudadanos y gremios comerciales han expresado desconfianza ante el riesgo de que la estrategia termine legitimando a quienes aterrorizaron a la población.
Antecedentes de la propuesta
Durante el primer cabildo popular realizado en el Paseo Bolívar de Barranquilla el pasado 20 de mayo, el presidente Petro sorprendió al anunciar:
“Voy a iniciar un diálogo de conversaciones del Gobierno con las bandas juveniles de Barranquilla. Queremos reunirlos, queremos que hagan la paz, que no ataquen a su vecino, que no ataquen al otro joven, que les dejen de prestar servicios al traqueto y al político que van de la mano”.
Estas palabras generaron gran expectativa y alarma en la opinión pública local, sobre todo al sentirse relegados los canales institucionales tradicionales de participación. La iniciativa de incluir a cabecillas como alias Castor y Digno Palomino en la mesa de negociación representa un salto cualitativo en la política de pacificación, pues se pasa de diálogos con milicias juveniles a tratos directos con las cabezas criminales de territorios estratégicos.
Perfil de los protagonistas
Digno José Palomino Rodríguez, alias Digno
Alias Digno, también conocido como Sebas o “el Viejo”, es el líder de la banda de los Pepes, con control territorial en Soledad, Malambo y varios sectores de Barranquilla. Originario del barrio Barlovento, Palomino creció en un entorno marcado por la pobreza y fue reclutado por los hermanos Borré Barreto para liderar actos delictivos, desde robos hasta el tráfico de drogas.
La Fiscalía le atribuye la responsabilidad de al menos 17 homicidios en el Atlántico, además de cargos por concierto para delinquir y porte de armas, según investigaciones entre julio de 2022 y julio de 2023. Su poder se cimentó en extorsiones a comerciantes y en la venta de estupefacientes. Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de La Dorada, Caldas, donde recientemente protagonizó una riña con integrantes de la banda de los Costeños que le causó lesiones de consideración.
Palomino fue deportado desde Venezuela en agosto de 2022, tras su captura por las autoridades de ese país en diciembre de 2019. A pesar de su reclusión, mantiene presuntos nexos con su organización, lo que siembra dudas sobre su disposición real al cese de hostilidades.
Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor
El otro invitado de honor es alias Castor, jefe de los Costeños, también conocidos como bloque Resistencia Caribe. Su historial criminal incluye más de 100 homicidios y la ejecución de al menos 10 masacres en Barranquilla, el Atlántico y el sur de Bolívar. Se le imputan delitos de narcotráfico, selección y envío de sicarios para asesinatos selectivos, y concierto para delinquir.
La Fiscalía tiene abiertos por lo menos 46 procesos en su contra, que incluyen cargos de porte de armas y participación en organizaciones criminales. Fue deportado el 4 de abril de 2023, tras pasar preso desde mayo de 2019 en Caracas, y entregado en el puente internacional Atanasio Girardot, en Cúcuta. Fuentes policiales relatan que Castor conservó influencia durante su traslado, coordinando operaciones desde centros carcelarios.
En casos de homicidios atribuidos a este capo, se reportaron desmembramientos y hallazgos de cuerpos en barrios populares, generando un clima de terror entre la ciudadanía. Su presencia en las negociaciones ha desatado temores de que el proceso termine siendo un escaparate simbólico que no garantice justicia ni tranquilidad duradera.
Voces expertas y riesgos políticos
En diálogo con el medio de comunicación fuente de este escrito, el profesor Luis Fernando Trejos, experto en conflictos y docente de la Universidad del Norte, advirtió que integrar a estos criminales en la mesa de “paz total” puede obedecer a fines puramente políticos de cara a las elecciones de 2026:
“Que los nombren gestores de paz no altera en nada la dinámica de la violencia”, afirmó Trejos, quien agregó que no descarta la solicitud de traslado de ambos cabecillas a cárceles en Barranquilla para aumentar su control local.
Trejos enfatizó además que las mesas de diálogo sociojurídico carecen de un marco normativo sólido que las respalde, lo que deja en el limbo legal los beneficios que podrían otorgárseles a sus participantes.
“No sería descabellado que el Gobierno nacional quiera darle un golpe político a la casa Char instalando esta mesa”, afirmó, señalando que la estrategia podría buscar reducir homicidios en un año electoral y adjudicarse los resultados ante la opinión pública.
Ante la posibilidad de que estas negociaciones arrojen resultados tangibles, el docente advirtió sobre el riesgo de que, hacia finales del segundo semestre de 2025 o principios de 2026, se utilicen los logros para catapultar la imagen del Ejecutivo a costa de la solidez institucional.
Reacciones de la administración distrital
La alcaldía de Barranquilla, liderada por Alejandro Char, se ha declarado detractora de cualquier diálogo que involucre directamente a los cabecillas de las bandas criminales. En comunicación oficial, la administración distrital advirtió que de prosperar la iniciativa desde Bogotá, exigirán:
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Protocolos de seguridad rigurosos para proteger a la ciudadanía.
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Garantías jurídicas de que no habrá impunidad.
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Participación ciudadana y veedurías independientes para supervisar el proceso.
“Barranquilla no será escenario de un show político que ponga en riesgo la vida y los bienes de los habitantes”, señaló un vocero del Distrito. Esta postura refleja el temor de que la estrategia derive en un aumento del clientelismo y en una percepción de permisividad frente a la criminalidad.
Desafíos y perspectivas
El gran desafío del Gobierno nacional será equilibrar la búsqueda de una paz negociada con las exigencias de justicia y verdad de las víctimas, así como con el rechazo ciudadano y político local. La efectividad de cualquier mesa de diálogo pasará por:
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Definir un marco jurídico claro que regule beneficios y sanciones.
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Garantizar la participación activa de las comunidades afectadas.
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Establecer mecanismos de rendición de cuentas.
En caso contrario, el proceso podría terminar reforzando la impunidad y el poder de los criminales, minando la confianza en las instituciones. La tensión entre la visión nacional de “paz total” y la realidad de un Distrito que teme más violencia es el eje de una disputa política que marcará, sin duda, el rumbo de la seguridad en la costa Caribe en los próximos años.
Y.A.
