El Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira admitió una acción popular presentada contra la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), señalada por su presunta responsabilidad en daños ambientales ocasionados en el departamento. La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) y el municipio de Distracción también fueron incluidos en la demanda por una supuesta omisión frente a los hechos.
La denuncia está relacionada con el cierre temporal de una válvula en la represa El Cercado, infraestructura clave del proyecto río Ranchería, ocurrido en abril de 2024. Esta decisión habría provocado una reducción crítica en el caudal del afluente, afectando gravemente los ecosistemas locales, especialmente en un contexto de vulnerabilidad climática que atraviesa la región.
El juzgado concluyó que existen elementos suficientes para considerar la posible violación al derecho colectivo a un ambiente sano. Por ello, ordenó la intervención de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, con el fin de investigar y, de ser necesario, sancionar a las entidades responsables.
Además, el tribunal exigió a las instituciones demandadas adoptar medidas urgentes para evitar que se repitan situaciones similares y desarrollar conjuntamente acciones de restauración ambiental en las zonas afectadas, como parte de un proceso de reparación integral.
