El presidente señaló que su segunda reforma tributaria habría beneficiado al país y a las empresas. Las calificadoras Moody’s y S&P alertan por el deterioro fiscal y la creciente deuda pública.
El presidente Gustavo Petro se pronunció este viernes sobre la reciente rebaja en la calificación crediticia de Colombia por parte de las agencias Moody’s Ratings y Standard & Poor’s (S&P), responsabilizando al Congreso de la República por no aprobar su propuesta de ley de financiamiento.
“Eso pasa por no aprobar la ley de financiamiento. Dicho y hecho. El país ganaba mucho con esa ley y las empresas, a las que se les rebajaba el impuesto de renta”, escribió el mandatario en su cuenta de X, haciendo alusión a la segunda reforma tributaria presentada por su Gobierno, que fue hundida en el Congreso en 2023, tras la aprobación de una primera en 2022.
La agencia Moody’s Ratings redujo la nota de Baa2 a Baa3, señalando el “deterioro proyectado de los indicadores de deuda del Gobierno”. Aunque mejoró la perspectiva de negativa a estable, advirtió que el déficit fiscal elevado y su persistencia en los próximos años amenazan la estabilidad de las finanzas públicas, violando los límites de la regla fiscal vigente.
Por su parte, Standard and Poor’s bajó la calificación crediticia soberana de Colombia en moneda extranjera de BB+ a BB, con una perspectiva negativa, lo que indica mayor dificultad para recuperar el grado de inversión perdido desde 2021. La agencia argumentó que el deterioro constante de los resultados fiscales, la pérdida de confianza de los inversores, el débil crecimiento económico y la carga creciente de la deuda pública son factores determinantes.
En respuesta a la crisis fiscal, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó el pasado 14 de junio un paquete de medidas que contempla la suspensión temporal de la regla fiscal, una nueva reforma tributaria que pretende recaudar 19,6 billones de pesos, y un eventual aumento del precio del diésel.
Ávila aseguró que el Gobierno activó la cláusula de escape, mecanismo que permite una desviación temporal de las metas fiscales, lo cual ha encendido las alarmas de las agencias calificadoras de riesgo, aumentando la presión sobre el Ejecutivo y el Congreso.
Y.A.
