La Corte Constitucional dejó sin efectos la resolución con la que el Gobierno Nacional ordenó la intervención de la EPS Sanitas, al concluir que la Superintendencia Nacional de Salud vulneró el debido proceso al no garantizar las etapas y derechos que exige la ley.
La decisión también revoca la prórroga de un año que había extendido la medida de intervención. Según el alto tribunal, se presentaron fallas en el procedimiento administrativo, lo que invalida la actuación estatal.
Esta sentencia representa un giro en el caso, ya que obliga al Gobierno a reanudar el trámite con respeto pleno al orden jurídico, si decide insistir en una intervención.
El fallo aún no se traduce en la finalización de la vigilancia sobre la EPS, pero sí limita las facultades de la Superintendencia mientras no se ajusten a los estándares constitucionales. Se espera pronunciamiento oficial por parte de las autoridades sanitarias.