La alta corte ordenó censos, entrega de ayudas y restablecimiento de derechos para menores víctimas del conflicto en 11 municipios de la región.
Ante la grave situación de desplazamiento forzado en el Catatumbo, el Consejo de Estado intervino y exigió acción inmediata por parte de las autoridades locales, especialmente en favor de los niños, niñas y adolescentes afectados por la violencia ejercida por grupos al margen de la ley.
“Es necesario adelantar actuaciones a favor de este grupo poblacional en los municipios que integran esa región”, indicó la alta corte, subrayando que 11 municipios no han entregado información completa que permita identificar a todas las víctimas.
Los municipios de Teorama, El Tarra, Ábrego, El Carmen, Convención, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano, Puerto Santander y Río de Oro deberán adelantar censos poblacionales, establecer rutas de atención y garantizar la entrega de auxilios y ayudas humanitarias, si no lo han hecho aún.
En contraste, el Consejo de Estado reconoció los esfuerzos de municipios como La Playa, San Calixto, Sardinata, Cúcuta, Ocaña, Tibú y Hacarí, donde “se probó la respuesta asertiva del sector defensa para repeler hechos de violencia”, así como la implementación de modelos educativos de excepción como ‘aulas temporales para la paz’ y ‘aulas temporales de emergencia’.
La gestión en estos municipios ha sido respaldada por la colaboración de los departamentos de Norte de Santander y Cesar, junto con entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional.
La decisión de la Sala Plena del Consejo de Estado enfatiza la urgencia de garantizar los derechos de los menores y la necesidad de una respuesta institucional inmediata y coordinada en una región históricamente golpeada por el conflicto armado.
Y.A.
