El alto tribunal confirmó la responsabilidad disciplinaria de Navarro Pereira por permitir el desvío de recursos públicos a Inassa y a otras empresas, en detrimento del Distrito de Barranquilla.
El Consejo de Estado ratificó la inhabilidad por 12 años impuesta al exgerente de Triple A, Ramón Navarro Pereira, al considerar que la Procuraduría General de la Nación sí tenía competencia para sancionarlo y que no se vulneraron sus derechos en el proceso disciplinario. Además, el alto tribunal también confirmó la multa de $33.332 millones de pesos que deberá pagar el exfuncionario.
La decisión confirma el fallo en primera instancia del Tribunal Administrativo del Atlántico, y se basa en la actuación del exgerente en la firma y ejecución de un contrato entre Triple A e Inassa, filial latinoamericana de la española Canal de Isabel II, mediante el cual esta última recibía el 4,5 % del recaudo mensual de servicios públicos a cambio de una asistencia técnica que nunca se prestó, según la investigación.
881001260 – Consejo de Estado confirma inhabilidad de 12 años a Ramon Navarro by LIBERTAD DIARIO
La sanción del Ministerio Público fue impuesta en 2018 tras establecer que Navarro permitió que Inassa se apropiara de recursos públicos pertenecientes al Distrito de Barranquilla. Junto a él también fue sancionada Julia Margarita Serrano, quien ocupaba la gerencia financiera de la empresa durante los hechos.
Además de esta sanción, a Ramón Navarro se le impuso otra inhabilidad de 18 años por aprobar y certificar pagos de servicios no prestados, así como por permitir irregularidades contractuales. Una segunda multa por $722.430.308 fue dictada por facilitar que la empresa Larco Limitada se apropiara de $361.215.154, recursos que el Distrito dejó de recibir por concepto de utilidades y regalías en la vigencia 2015.
Cabe recordar que, en el ámbito penal, la Corte Suprema de Justicia redujo el pasado 13 de febrero la condena de Ramón Navarro Pereira de 190 a 127 meses y 9 días de prisión. A pesar de ello, el exgerente solo ha devuelto $900 millones de los $27.000 millones que fueron desfalcados a Triple A. Actualmente, cumple su pena en su lugar de domicilio.
El caso representa uno de los episodios de corrupción más graves en la historia reciente de Barranquilla, y evidencia cómo la administración irregular de los recursos públicos puede tener consecuencias devastadoras para el patrimonio de una ciudad y sus servicios esenciales.
Y.A.
