Gobernadores de Atlántico, Santander, Valle del Cauca y Meta analizan en Cartagena el impacto de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana frente a la ola delictiva, mientras debaten su inclusión en la factura de energía y su relación con la inversión social.
Por: Redacción.
DIARIO LA LIBERTAD.
Y.A.
La implantación de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana se ha convertido en eje de debate en los territorios más golpeados por la violencia y el crimen organizado. Durante el conversatorio “Diálogo desde las regiones con gobernadores”, moderado por la periodista Claudia Palacios en el 27º Congreso Andesco de servicios públicos, TIC y TV celebrado en Cartagena, los mandatarios de cuatro departamentos expusieron sus experiencias y argumentos en torno a este mecanismo de financiación de la seguridad ciudadana.
Para el Atlántico, cuya geografía alberga vías críticas como Las Flores y Santa Verónica —convertidas en corredores del narcotráfico—, la Tasa de Seguridad ha sido esencial para dotar de recursos a la Fuerza Pública. Según el gobernador Eduardo Verano, “ha producido 180.000 millones al año que nos ha permitido armar la infraestructura para la seguridad no solo de insumos y elementos, sino de infraestructura locativa para los organismos del Estado”. Con esto, el departamento ha avanzado en la construcción de centros de control y en la adquisición de equipo táctico, lo que ha permitido contrarrestar la disputa territorial de estructuras como Los Costeños, Los Pepes y el Clan del Golfo, responsables de un incremento sostenido en los homicidios.
A pesar de estos logros, Verano reconoció la controversia sobre la inclusión de la Tasa de Seguridad en la factura de energía eléctrica. Argumentó que, aun sumada al Alumbrado Público, “no representan el 20 por ciento de lo que pagan los usuarios en la factura de energía”. En su opinión, voluntad política y cooperación interinstitucional son indispensables para consolidar esta fuente de financiamiento sin atentar contra la sostenibilidad fiscal de los hogares.
En Santander, el gobernador Juvenal Díaz también defendió la medida, aunque admitió que “no es agradable para la gente, pero es muy útil para la seguridad”. Díaz hizo énfasis en la posición estratégica del Magdalena Medio, un corredor que conecta la región Caribe con las zonas Andina y Oriente, y que el Clan del Golfo busca dominar para sus actividades ilícitas y su dinámica económica. Por ello, insistió en la necesidad de un mayor apoyo del Gobierno nacional, pues, según él, la relación con la Administración central “no ha sido fluida” y esto dificulta la ejecución de programas conjuntos de prevención y control.
¡Protegemos el Magdalena Medio!
Desde el Congreso Andesco reiteramos nuestro compromiso con la región. Ante las amenazas armadas, fortalecemos la seguridad con la Tasa de Seguridad Multidimensional.
#EsConHechos pic.twitter.com/XS2TTdic1u
— General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) June 26, 2025
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, sumó su voz a la defensa de la Tasa de Seguridad, resaltando que en su territorio la delincuencia asciende con el accionar de las disidencias de las FARC y bandas criminales que operan en la zona rural de Jamundí y en las fronteras con Tolima, Nariño y Chocó. “El Gobierno nacional no le entrega todas las capacidades a la Fuerza Pública para frenar la delincuencia, que en el Valle es muy dura”, afirmó Toro, para luego enfatizar que estos recursos, combinados con la inversión social y cultural, generan confianza ciudadana y fortalecen la relación comunidad–autoridad.
Por su parte, Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, justificó el cobro de la Tasa de Seguridad en la ausencia de fondos suficientes para apoyar a las fuerzas del orden. A su criterio, la pregunta que hacen los empresarios no es por vías ni puentes, sino por seguridad. En respuesta, el Meta lanzó un programa de vivienda para los padres de los jóvenes que ingresen a la Fuerza Pública, con el fin de incentivar su participación en el servicio. “Nuestros jóvenes no quieren ingresar a las fuerzas del Estado. Por todo esto es que tomamos la decisión de crear la Tasa de Seguridad”, explicó Cortés.
Tasa de Seguridad: recaudación sin garantías
La defensa cerrada de la Tasa de Seguridad por parte de varios mandatarios regionales refleja algo más que un consenso técnico: evidencia una urgente necesidad de recursos frente a un Estado que no alcanza a cubrir las demandas mínimas de seguridad pública. Pero detrás del apoyo a esta figura impositiva se esconde una gran debilidad: se está confundiendo recaudar con resolver. Aunque el dinero extra ha permitido comprar equipos, levantar infraestructura y contratar más personal, sigue sin resolverse lo fundamental: ¿a dónde va cada peso?, ¿cuánto crimen realmente se ha evitado? y, sobre todo, ¿quién responde si no hay resultados?
En el discurso oficial se repiten cifras de inversión, pero brillan por su ausencia los indicadores claros que prueben que esta Tasa está salvando vidas o frenando el delito. Sin una medición concreta de la reducción de homicidios, hurtos o extorsiones, lo recaudado se convierte en un número vacío. Además, cargar este costo en la factura de energía, afectando principalmente a los usuarios residenciales, es una medida regresiva que choca con el principio básico de equidad tributaria.
¿Por qué quienes menos tienen deben pagar por una seguridad que no siempre los protege?
Por otro lado, la constante invocación a una coordinación con el Gobierno nacional deja al descubierto otro talón de Aquiles: la fragilidad institucional. Sin una estrategia clara que combine prevención social, programas de resocialización, educación y desarrollo económico, la Tasa no será más que un parche sobre una herida que sigue abierta. La verdadera seguridad no se construye solo con policías y cámaras, sino atacando las raíces estructurales de la violencia. Sin eso, lo que hoy se presenta como una solución podría terminar siendo apenas otro síntoma del problema.
Su futuro depende de resultados, transparencia y coordinación real…
La Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana ha demostrado ser un instrumento de respuesta rápida a las necesidades de recursos de los departamentos más afectados por el crimen organizado. Sin embargo, su continuidad y legitimidad dependerán de la capacidad de las administraciones regionales y nacional de demostrar resultados concretos, garantizar una gestión transparente y fortalecer la coordinación interinstitucional. Solo así se podrá transitar de un parche fiscal a una política de seguridad integral y sostenible.
Y.A.
