La extorsión anónima siembra incertidumbre y detiene la supervivencia de cientos de motocarristas, mientras se organizan protestas y emergen patrullajes para restaurar la seguridad.
Por: Redacción Digital.
DIARIO LA LIBERTAD.
Por más de setenta y dos horas, el habitual zumbido de los motocarros cedió su lugar a un silencio denso en las calles de Soledad y Malambo. Fue un mutismo cargado de miedo, un vacío que parecía devorar el latido de la ciudad. Los pobladores apenas reconocían sus barrios: la inseguridad había redefinido el paisaje urbano y convertido en desolación lo que antes fue la arteria palpitante del transporte informal.
La crisis comenzó con la aparición de panfletos anónimos y mensajes virales que promovían la muerte como precio de la resistencia. Nadie firmó, nadie reivindicó la acción, pero la efectividad fue inmediata. Conductores de motocarro, ese gremio poco homologado pero vital para la economía de la periferia, guardaron sus motores y esperaron, atemorizados, el siguiente mensaje extorsivo.
Jairo, un hombre curtido por el sol de la costa, habló con un reconocido medio de comunicación nacional, mientras su motocarro reposaba en un garaje improvisado. “Tengo miedo, pero no hay otra: es mi única forma de llevar comida a mi casa”, confesó con voz áspera. El relato de este conductor encapsula la paradoja de un oficio peligroso que, al mismo tiempo, es la supervivencia de muchas familias.
En los barrios populares, el drama se trasladó al rostro de comerciantes como Sheley Valera, vendedora de fritos en Malambo: “Sin motocarrismo, mis ventas cayeron a cero. Ellos eran mi clientela fiel”, lamentó a ese mismo informativo. La escena le recordó los peores días de la pandemia: plazas y pasillos desiertos, un aire de precariedad que hace apenas unos meses parecía superado.
La respuesta institucional no se hizo esperar. Las alcaldías de Soledad y Malambo convocaron Consejos Extraordinarios de Seguridad. En una crónica de urgencia y coordinación, decidieron desplegar patrullajes mixtos de Policía y Ejército, reforzados con radios de última generación y vehículos de alta capacidad.
“Trabajamos para proteger la integridad de los conductores y devolverles la tranquilidad”, aseguró el coronel (r) Carlos Valencia, secretario de Gobierno de Soledad. Al mismo tiempo, la alcaldesa de Malambo, Yenis Orozco, describió el fenómeno como una “intimidación digital” y no descartó que las amenazas surgieran desde el interior de centros carcelarios.
En paralelo, el secretario de Gobierno de Malambo, Augusto Rivero, detalló el patrullaje en nueve puntos críticos, centrado en las zonas de acopio de motocarros. Aseguró que la Policía Judicial ya investigaba la autenticidad de los panfletos, tratando de rastrear huellas digitales y conexiones en redes sociales.
El respaldo subió de tono cuando José Antonio Luque, secretario del Interior del Atlántico, anunció una inversión sin precedentes: $46.000 millones destinados a infraestructura de seguridad. Serán dos nuevos CAI en La Virgencita y Soledad 2000, junto a más de 90 motocicletas, camionetas uniformadas y no uniformadas, y equipos de cómputo para mejorar la capacidad operativa.
A esa cifra se suman $15 mil millones para equipamiento de la Policía, $20 mil millones para el Ejército y $11 mil millones para el Comando Aéreo. Un golpe de timón financiero que busca enviar un mensaje contundente: el Estado no cederá terreno a la delincuencia.
En un pasaje cargado de simbolismo, la senadora Claudia Pérez se comprometió durante el consejo de seguridad a impulsar una mesa de revisión normativa junto a la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval. El objetivo: dignificar el transporte informal y buscar un marco legal que ofrezca garantías laborales y de protección frente a la extorsión.
Mientras las autoridades tejían estrategias de alto nivel, este miércoles 25 de julio se vio renacer el rugido de algunos motocarristas, escoltados por uniformados. El temor, sin embargo, no ha desaparecido por completo. Frente a ello, los conductores se organizaron en una avanzada protesta: desde el centro comercial Puerta del Sol partieron en marcha, identificados con el color salmón, rumbo a la Alcaldía de Soledad.
La jornada de manifestación forma parte de un plan escalonado: un día los salmón, al siguiente los azules, luego los verdes, hasta representar todos los sectores del gremio. El trayecto por la calle 30 y la avenida carrera 14 se tiñó de solidaridad y exigencia: mejores condiciones laborales, regulación formal y garantías para trabajar sin miedo.
El escenario en las inmediaciones de la Alcaldía fue de tensión controlada. Policía y Ejército aseguraron el perímetro, mientras los motociclistas izaban pancartas con consignas de dignidad. “No somos delincuentes, somos la comunidad que mueve la ciudad”, coreaban al unísono.
A pesar de la calma relativa, persiste el temor a que las protestas devengan en bloqueos prolongados. Comerciantes y vecinos, que ya experimentaron el desabastecimiento del silencio, están pendientes de cada anuncio oficial. El desafío, coinciden expertos en seguridad, es consolidar la confianza entre autoridades y conductores.
En el eco final de esta crónica, se impone la reflexión sobre un fenómeno que trasciende la alerta momentánea. El motocarismo, motor invisible de la economía popular, reclama un reconocimiento formal. Su crisis reciente deja al descubierto grietas institucionales y sociales que requieren no solo inversión, sino voluntad política y un mensaje claro: en el horizonte de Soledad y Malambo no caben más silencios ni sombras de amenaza.
Y.A.
