El abogado Germán Calderón España radicó la primera acción judicial que busca frenar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en 2026, alegando violaciones al debido proceso y a los derechos políticos de los ciudadanos.
La polémica propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente en el año 2026 ya enfrenta su primera batalla legal. Este miércoles, el abogado Germán Calderón España, reconocido constitucionalista y férreo crítico del Gobierno Nacional, radicó ante el Consejo de Estado una demanda en contra de dicha iniciativa, argumentando que vulnera varios principios constitucionales fundamentales.
La acción judicial pretende que se le ordene al Gobierno abstenerse de promover este mecanismo de participación ciudadana, el cual, según Calderón, fue anunciado de forma irregular tras la aprobación de la reforma laboral por parte del Congreso de la República. Según el abogado, el anuncio presidencial de convocar una Constituyente no solo desconoce los derechos fundamentales al debido proceso, sino también el principio de legalidad, y contradice las reglas que rigen tanto la Consulta Popular como la propia Asamblea Constituyente.
“La intención del presidente Petro de avanzar en una Constituyente por medio de una simple papeleta desconoce el procedimiento legal establecido. Se están poniendo en riesgo los derechos políticos de millones de colombianos que no están de acuerdo con esta convocatoria”, manifestó Calderón.
A pesar de las advertencias legales, el recién designado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, defendió públicamente la iniciativa del mandatario y confirmó que la convocatoria a la Asamblea Constituyente sería sometida a votación ciudadana en marzo de 2026. Montealegre es uno de los principales voceros del Gobierno en esta materia y ha insistido en que el proceso cuenta con sustento jurídico y respaldo popular.
No obstante, diversos sectores políticos, académicos y expertos constitucionales han expresado su preocupación ante la propuesta. Algunos reconocen que el presidente podría tener atribuciones para impulsar el debate, pero subrayan que para concretar una Asamblea Nacional Constituyente se requiere de una ley estatutaria, mayorías en el Congreso, revisión de la Corte Constitucional y una serie de pasos claramente definidos por la jurisprudencia colombiana.
Este nuevo capítulo en la confrontación entre el Ejecutivo y distintos sectores del país promete un intenso debate político y jurídico en los próximos meses. Mientras tanto, la demanda radicada ante el Consejo de Estado marca el inicio formal de las acciones legales que podrían frenar una de las apuestas más ambiciosas —y controvertidas— del Gobierno Petro.
Y.A.
