El senador liberal cuestionó al presidente Gustavo Petro por “alinearse con los delincuentes” en Medellín, y aseguró que el país avanza sin rumbo bajo su mandato.
El senador liberal Mauricio Gómez Amín arremetió contra el presidente Gustavo Petro por lo ocurrido en La Alpujarra, en Medellín, donde el mandatario subió a la tarima a criminales condenados, generando una oleada de cuestionamientos desde distintos sectores políticos e institucionales.
A través de su cuenta en la red social X, el senador sostuvo que “Colombia merece liderazgo, no caos”, en clara alusión al papel del presidente frente a la situación de orden público y seguridad. “En vez de estar del lado de la gente, se alinea con los delincuentes”, expresó Gómez.
#IrSinRumboEs lo que está pasando en Colombia:
Un presidente que, en vez de estar del lado de la gente, se alinea con los delincuentes.
Un gobierno que minimiza el crimen y abandona a las víctimas.
Colombia merece liderazgo, no caos. pic.twitter.com/c34e44u5rs
— Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) June 25, 2025
El congresista también criticó que el gobierno del presidente Petro “minimiza el crimen y abandona a las víctimas”, y advirtió que el país “va sin rumbo”, en referencia al manejo del proceso de paz total y la visibilidad que se les ha dado a actores armados o condenados por distintos delitos.
La presencia de personas con antecedentes judiciales en un acto público en Medellín no solo generó polémica en el Congreso, sino que fue objeto de pronunciamientos por parte de instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, que también cuestionaron la decisión presidencial.
Ante la controversia, el propio presidente Gustavo Petro respondió que: “En Medellín yo no subí delincuentes a las tarimas. El que está preso no es un delincuente sino una persona en rehabilitación”, marcando distancia de las acusaciones y justificando su presencia como parte del proceso de resocialización y reconciliación.
El debate reaviva las tensiones en torno al modelo de “paz total” impulsado por el Ejecutivo, especialmente en momentos en que se discute el alcance de los diálogos con estructuras criminales y las garantías para las víctimas.
Y.A.
