La presencia de cabecillas de estructuras criminales en un acto público liderado por el presidente Gustavo Petro ha generado una nueva ola de críticas, esta vez por parte de la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quien calificó como inaceptable que se les haya dado protagonismo en una tarima frente a la sede de la Alcaldía de Medellín.
“Las tarimas no son un lugar propicio para criminales”, sentenció Marín Ortiz en un pronunciamiento contundente a través de redes sociales. La funcionaria advirtió que personas vinculadas a crímenes como homicidio, desaparición forzada, violencia sexual y reclutamiento de menores no deben ser tratadas como actores políticos, y menos en un contexto preelectoral.
Aunque reconoció la importancia de avanzar en procesos de paz urbana, enfatizó que la reconciliación no puede desbordar el marco del Estado de Derecho. «La construcción de paz no puede confundirse con legitimar lo inadmisible», añadió la defensora.
El acto, realizado en la plazoleta de La Alpujarra el pasado sábado, incluyó la participación de individuos privados de libertad en la cárcel de Itagüí, identificados como miembros de grupos delincuenciales. Este hecho ha sido blanco de críticas tanto por parte de sectores políticos como de organismos de control.
Además, Marín Ortiz expresó preocupación por la “desarticulación institucional” entre el Gobierno nacional y la administración municipal de Medellín, la cual —según ella— se ha visto reflejada en la forma en que se están manejando asuntos tan delicados como la seguridad y los diálogos de paz.
“La obligación del Presidente y del Alcalde es trabajar articuladamente, no alimentar rivalidades que desgastan la institucionalidad”, puntualizó.
Este nuevo episodio reaviva el debate nacional sobre los límites de la participación de actores armados en escenarios de paz y el papel del Gobierno en la legitimación o condena de sus figuras visibles.
