Ministro del Interior y cúpula militar encabezan consejo de seguridad en Popayán tras secuestro de 57 militares en Cauca

Armando Benedetti y altos mandos de las Fuerzas Militares lideran consejo de seguridad para lograr la liberación de los soldados retenidos en El Tambo; autoridades advierten sobre el uso de la población civil como escudo por parte de grupos armados.

El departamento del Cauca vive horas críticas tras el secuestro de 57 militares por parte de estructuras armadas ilegales en el corregimiento de El Tambo. Ante la gravedad de la situación, en la tarde de este lunes 23 de junio de 2025, el ministro del Interior, Armando Benedetti, acompañado por los máximos representantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, llegó a Popayán para encabezar un consejo extraordinario de seguridad que busca diseñar estrategias para la pronta liberación de los uniformados.

En una declaración publicada a través de la red social X, el ministro Benedetti fue categórico al calificar los hechos como un “secuestro”, rechazando de manera contundente el accionar de los grupos armados en la región del Cañón del Micay. El funcionario explicó que estas estructuras han instrumentalizado a la población civil, usándola como escudo humano para obstaculizar el accionar de la fuerza pública en el suroccidente colombiano.

“Nos hemos desplazado hasta Popayán con toda la cúpula militar y de Policía para garantizar y buscar que los 57 soldados regresen aquí. Es inaudito lo que ha pasado. Lo que ha ocurrido es un secuestro, y lo rechazamos contundentemente”, afirmó Benedetti.

El ministro señaló además que el uso de civiles con fines de protección por parte de grupos armados constituye una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario. “Lo que la gente debe entender por qué suceden este tipo de actuaciones en contra, es debido a que la población civil rodea a la fuerza pública, en este caso más de 300 rodearon a estos 57. Y cogen a la población civil como escudo, mientras que los milicianos después actúan. Esto va contra el derecho internacional humanitario”, aseveró.

El titular de Interior también aclaró que no hubo órdenes de inacción militar, sino que se evitó responder con fuego ante la presencia de civiles: “No es que alguien haya dado una orden de que no se haga nada o no se dispare o no haya una acción militar. Es simple y llanamente que la población civil los rodea, y si se disparara contra la sociedad civil sería ir en contra de los derechos humanos”.

El consejo de seguridad en Popayán cuenta con la participación del ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides; el comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo Santamaría; el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana; el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán; y representantes de la Defensoría del Pueblo.

Según un comunicado del Ministerio de Defensa, “los funcionarios y la cúpula analizan diferentes estrategias para lograr la pronta liberación o rescate de las tropas. De igual manera, las medidas que se tomarán en la región para continuar avanzando en el debilitamiento de las estructuras criminales que allí delinquen, y la consolidación de la seguridad y el desarrollo del territorio”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que el objetivo fundamental del consejo es realizar un seguimiento riguroso a la liberación de los militares: “Un ataque a un militar o a un policía es un ataque al Estado colombiano. Nos han informado que nuestros militares vienen en camino (…) vamos a mirar con la Defensoría el avance de la liberación, esperamos tener pronto a nuestros militares aquí en Popayán”, declaró en entrevista con un informativo nacional.

El alto funcionario rechazó también el ataque contra los soldados, recordando que su presencia en la zona obedecía a labores de control: “Fue una decisión unilateral que los tenían capturados. Interrumpieron una operación militar, los llevaron contra su voluntad, porque nuestros militares estaban cumpliendo una operación legítima, acorde a la constitución y a la Ley, y esperamos tenerlos pronto”, afirmó.

Además, Sánchez instó a la comunidad a no ceder ante la presión de los grupos armados ilegales: “La gran amenaza para estos criminales es la inversión social y no vamos a permitir que apenas 200 personas limiten a 30.000 personas que residen en esta bella región del país”.

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Como parte de las medidas adoptadas, el Ministerio de Defensa ha ofrecido una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita la ubicación de alias Kevin, cabecilla de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, y 100 millones de pesos por el paradero de alias Yovany, jefe de una comisión de esta organización criminal.

La situación en el Cañón del Micay ha captado la atención nacional no solo por la retención de los soldados, sino porque esta zona es considerada estratégica debido a sus condiciones geográficas y su papel como corredor de cultivos ilícitos y actividades de narcotráfico. Las autoridades han reiterado que la protección de la vida y dignidad de las comunidades es una prioridad absoluta, y que se reforzarán las acciones para garantizar la seguridad y promover el desarrollo de este territorio golpeado por la violencia.

Y.A.

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