La justicia obliga a la CREG y al Ministerio de Minas a desmontar el régimen tarifario de energía que trasladó el colapso de Electricaribe a los usuarios. La lucha ciudadana marcó un hito contra el saqueo institucionalizado.
Durante más de una década, el Caribe colombiano ha soportado uno de los episodios más oscuros en materia de injusticia energética, con un modelo que impuso tarifas abusivas disfrazadas de regulación. Sin embargo, un reciente fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico ha marcado un punto de inflexión: la CREG y el Ministerio de Minas deberán desmontar el régimen tarifario especial que legalizó el traslado de pérdidas privadas a los hogares de la región.
La decisión judicial se origina en una acción popular liderada por los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, y representa no solo un alivio económico, sino una victoria jurídica y social. El fallo evidencia cómo la supuesta “solución” al colapso de Electricaribe fue, en realidad, un esquema de saqueo legalizado, estructurado desde el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, bajo el gobierno de Iván Duque.
Entre los mecanismos denunciados estaban los sobrecostos del 20% en administración, los recargos por cartera vencida, y el escandaloso cobro por pérdidas no técnicas, como si el robo de energía también fuera responsabilidad del usuario honesto. Todo esto se consolidó con medidas como la sobretasa de energía, transferencias al Fondo Empresarial y la entrega de empresas saneadas a operadores privados como Air-e y Afinia.
Según la investigación, empresas como Empresas Públicas de Medellín y Enerpereira recibieron una red “rescatada” con recursos públicos, mientras los usuarios costeños sufrían un encarecimiento estructural del servicio. Aunque la resolución actual de la CREG reduce el kilovatio hora en $54 para usuarios de Air-e y $23 para los de Afinia, el impacto social ya está hecho: endeudamiento masivo, cierre de pequeños negocios y una creciente desconfianza institucional.
Más allá del alivio parcial, el verdadero desafío es reconstruir el sentido de justicia. Se requiere una reforma estructural del modelo tarifario, un mecanismo ciudadano de auditoría y sanciones a los responsables del régimen abusivo. Porque, como lo evidencia el análisis de Verdad Oculta, detrás de cada peso pagado de más hubo intereses privados, firmas consultoras, congresistas complacientes y operadores oportunistas.
Hoy, el Caribe no solo celebra una sentencia. Celebra una grieta en el muro de la impunidad. La historia demuestra que cuando la lucha ciudadana se conecta con una lectura profunda del sistema, la justicia puede imponerse al abuso institucionalizado.
Y.A.
