A casi tres años del inicio del mandato de Gustavo Petro, una densa red de favores, contratos y nombramientos confirma que el presidente ha recompensado a quienes estuvieron más cerca de su campaña. Lo que algunos llaman un “roscograma de lealtades”, incluye desde empresarios hasta figuras políticas, amigos íntimos y aliados estratégicos de su esposa, Verónica Alcocer.
El caso más emblemático es el de Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, quien fue el gerente de campaña de Petro. Roa está siendo investigado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Fiscalía por presuntas irregularidades en los topes de gasto de la campaña presidencial, además de cuestionamientos por contratos dentro de Ecopetrol y por el papel que ha tenido su pareja, Julián Caicedo Cano, en la repartición de cargos y contratos en el sector público.
Pero Roa es solo la punta del iceberg. Euclides Torres, empresario amigo de Armando Benedetti, financió eventos clave de la campaña y hoy varias de sus empresas han ganado contratos por más de $180 mil millones para proyectos de transición energética. Su círculo cercano también ha sido favorecido con altos cargos en el gobierno.
El empresario Santiago Vargas, donante millonario del Pacto Histórico, tiene a sus hijas y socios vinculados a contratos estatales, incluso en Ecopetrol. Su conexión con Gustavo Bolívar y Roa parece haberle asegurado influencia más allá de la financiación de campaña.
Otro actor clave ha sido Pedro Contecha, el constructor que prestó su jet privado para eventos de campaña. No solo recibió un contrato por $60 mil millones para obras en Cauca (ampliado en $28 mil millones), sino que es cercano al exministro de Transporte Guillermo Reyes, hoy embajador en Suecia.
El caso de los catalanes Xavier Vendrell y Manuel Grau evidencia cómo la cercanía personal se tradujo en beneficios. Tras recibir nacionalidad colombiana exprés, ambos fueron vinculados a cargos públicos y proyectos inmobiliarios en sociedad con entidades estatales. Vendrell incluso figura en la cuestionada operación de testigos electorales durante las elecciones.
Verónica Alcocer, primera dama, también ha dejado su huella en el engranaje burocrático. Sus recomendaciones fueron clave para el nombramiento de funcionarios en entidades como el ICBF, el Banco Agrario, Procolombia y embajadas estratégicas. Además, utilizó recursos públicos para financiar un séquito personal durante viajes oficiales.
Amigos cercanos como Danilo Romero y Carolina Plata, compadres de la familia presidencial, también resultaron beneficiados con contratos públicos y participación en decisiones de alto nivel, especialmente en el Grupo Ecopetrol.
En el ala política, Armando Benedetti y Laura Sarabia, quienes lideraron la estrategia de campaña, enfrentan investigaciones por presunto ingreso irregular de fondos. Pese a los escándalos, ambos han conservado altos cargos en el gobierno, influyendo en contratos y decisiones clave.
Roy Barreras, pieza fundamental en la construcción del apoyo político del Congreso, y Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, también han visto recompensadas sus gestiones con poder político y cuotas burocráticas para familiares y aliados.
Finalmente, Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y luego jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, está hoy enfrentando cargos por cohecho y peculado en medio del escándalo de la UNGRD. Su esposa también ocupó un cargo directivo en el SENA.
Esta red de relaciones, cargos y beneficios pone en entredicho la promesa de cambio y meritocracia del gobierno Petro. Lo que comenzó como un discurso de ruptura con la clase política tradicional, hoy se parece, cada vez más, a las prácticas que antes criticaba.
