Un nuevo convenio firmado por el Ministerio del Interior ha desatado polémica en el ámbito político. Se trata de un contrato por $88.964.440.069 suscrito con la empresa estatal Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72, que la convierte en operador logístico para la organización de eventos, montaje de tarimas, transporte, alimentación y otros servicios típicos de actividades políticas y sociales.
La denuncia fue hecha pública por el concejal de Bogotá Daniel Briceño, del partido Centro Democrático, quien cuestionó la legalidad y conveniencia del acuerdo, señalando que 4-72 fue creada para prestar servicios postales, no para organizar eventos ni alquilar chivas, buses o gestionar refrigerios.
“Armando Benedetti acaba de convertir a la empresa de servicios postales 4-72 en un operador logístico de chivas, buses, tarimas, refrigerios, almuerzos y politiquería”, expresó Briceño a través de su cuenta de X (antes Twitter), haciendo alusión al exembajador y actual funcionario del gobierno Petro.
El concejal advirtió además que el contrato contempla gastos por cerca de $494 millones diarios durante seis meses.
En los documentos compartidos por Briceño se detallan los servicios que deberá cubrir 4-72, los cuales incluyen la gestión y planificación de reuniones y eventos, servicios audiovisuales, logística de transporte, instalación de banquetes, cátering, y provisión de espacios como centros de conferencias, salas de reuniones o restaurantes.
¿Por qué es controversial?
El punto central del debate radica en que 4-72 no tiene experiencia comprobada en logística de eventos, siendo su objeto social el manejo de correo y mensajería estatal. Para críticos del gobierno, este contrato representaría una desviación de recursos públicos hacia actividades de tipo político, disfrazadas de gestión institucional.
Briceño ha calificado la contratación como “politiquería financiada por el Estado”.
El actual presidente de 4-72 es Juan García Estrada, barranquillero que en el pasado fue alcalde encargado de Barranquilla cuando Bernardo Hoyos fue suspendido de su cargo.
Hasta el momento, ni el Ministerio del Interior ni la dirección de 4-72 han emitido declaraciones oficiales frente a los cuestionamientos.
