El evento de paz urbana realizado este fin de semana en Medellín ha desatado una fuerte controversia tras la participación de reconocidos cabecillas criminales en un encuentro al que asistió el presidente Gustavo Petro. La concejal de la ciudad y exfiscal contra el crimen organizado, Claudia Carrasquilla, calificó el hecho como “una amenaza a la justicia y un mensaje equivocado para la ciudadanía”.
Según denunció la concejal, nueve líderes de bandas delictivas, condenados por delitos como homicidio, secuestro y extorsión, fueron trasladados desde cárceles de alta seguridad para asistir al encuentro en el Centro Administrativo La Alpujarra. Entre los asistentes estaban alias Pesebre, Lindolfo, Tom Vallejo y Juan 23. Todos tienen condenas que van desde los 14 hasta los 36 años de prisión.
Carrasquilla aseguró que estos traslados se realizaron sin la autorización de jueces de ejecución de penas, como lo exige la ley. “No existe ninguna orden judicial que avale esta participación. Lo único que se presentó fue un oficio del Gobierno Nacional, sin respaldo del comisionado de paz”, afirmó.
Críticas por beneficios sin sustento jurídico
Durante su intervención, la concejal criticó el marco legal del evento, señalando que la Ley 2272 permite negociaciones solo con grupos armados ilegales como el ELN o el Clan del Golfo, no con bandas urbanas. “Darles visibilidad pública a jefes del crimen organizado no contribuye a la paz, sino que la pone en riesgo”, enfatizó.
La polémica aumentó cuando alias Vallejo tomó la palabra durante el acto y acusó al alcalde Federico Gutiérrez y a varios concejales de oponerse a los esfuerzos de paz. Carrasquilla respondió que no se oponen al diálogo, sino a la entrega de beneficios sin fundamento legal. “La Fiscalía existe para combatir el delito, no para premiarlo”, declaró.
Carrasquilla también hizo un llamado de atención sobre el uso de menores en las estructuras criminales, recordando el caso reciente del atentado contra el senador Miguel Uribe, en el que participó un joven de 14 años. Denunció además que el Gobierno estaría considerando el traslado de otros 100 cabecillas a Medellín para continuar con los llamados “diálogos sociojurídicos”, sin transparencia ni justificación jurídica clara.
Anuncian denuncias penales contra el presidente y funcionarios
En respuesta a lo ocurrido, Carrasquilla anunció que presentará denuncias penales por prevaricato contra el presidente Gustavo Petro, la senadora Isabel Zuleta, el ministro de Justicia y otros funcionarios. “Lo que ocurrió en Medellín fue un acto de impunidad que rompe la separación de poderes. El presidente no puede pasar por encima de los jueces”, sentenció.
La concejal cerró su declaración con un mensaje directo al jefe de Estado: “No engañe al país ni a los criminales. No existe ningún marco legal ni constitucional que justifique los beneficios que se están entregando”.
