En un giro llamativo dentro del mundo político y judicial, Andrés Fernando Parra Valverde, exesposo de la actual canciller Laura Sarabia y una de las figuras mencionadas en el escándalo de las interceptaciones ilegales a la niñera Marelbys Meza, ha sido nombrado como asesor grado 19 en la Procuraduría General de la Nación.
El nombramiento quedó en firme mediante decreto firmado el pasado 4 de marzo, y Parra ahora labora oficialmente en la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Cundinamarca.
Parra Valverde no es un desconocido en el panorama político: fue parte del equipo del exsenador y exembajador Armando Benedetti, una figura clave del petrismo que también estuvo involucrado en varias controversias. Su vínculo con Sarabia —quien fue secretaria de Presidencia y hoy ocupa uno de los cargos más estratégicos en la Cancillería— lo mantuvo en el radar mediático, especialmente luego del escándalo que rodeó a su exesposa en 2023.
El eco del caso Meza
El nombre de Andrés Parra salió a relucir en medio del escándalo por las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, exniñera de Sarabia, quien fue vinculada a un supuesto robo de dinero y documentos en el apartamento de la funcionaria. Las irregularidades en el tratamiento del caso, que incluyeron interceptaciones sin orden judicial, aún son materia de investigación y provocaron una de las mayores crisis políticas en el primer año del gobierno Petro.
Aunque Parra no ha sido judicializado, su cercanía con los protagonistas del caso y su mención en las investigaciones lo han mantenido como una figura rodeada de controversia.
Silencio institucional
Hasta el momento, la Procuraduría no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el nombramiento, ni ha aclarado si conocía los antecedentes del funcionario antes de su vinculación. En redes sociales y círculos políticos ya se cuestiona el mensaje que envía la institución al incorporar a alguien vinculado, aunque indirectamente, a un caso de interceptaciones ilegales.
El caso suma un nuevo capítulo a la larga lista de nombres que, tras protagonizar escándalos públicos, reaparecen con cargos dentro del Estado, protegidos por redes políticas que parecen no disolverse, sino reciclarse.
