Un nuevo episodio de polémica envuelve al Gobierno Nacional tras conocerse que varios cabecillas de bandas criminales recluidos en la cárcel de Itagüí habrían sido trasladados a la concentración encabezada por el presidente Gustavo Petro en La Alpujarra, Medellín, donde se celebró la aprobación de la reforma laboral y se promovió el proceso de “paz total”.
Con información entregada a un medio nacional, se conoció que entre seis y siete vehículos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) llegaron hasta las inmediaciones del evento, donde fueron ubicados en primera fila varios reclusos vinculados con estructuras criminales históricas del Valle de Aburrá. Entre los presentes estarían alias Douglas, Carlos Pesebre, Tom, Vallejo, El Indio, El Tigre, El Saya, Albert y Juan 23.
Uno de los casos más representativos es el de José Leonardo Muñoz, alias Douglas, exlíder de la banda La Terraza, quien desde abril hace parte de la mesa de paz urbana instalada en la cárcel de Itagüí, tras la firma de la resolución 094 de 2025 por parte del presidente Petro. Este espacio busca incluir a representantes de organizaciones como El Trianón, La Unión, Los Triana y otras, con el fin de avanzar en procesos de reconciliación territorial.
¿Cómo explica esto, Petro? ¿Por qué permitió que criminales presos en la cárcel de Itagüí fueran llevados a la concentración en La Alpujarra, Medellín?
¿Acaso los victimarios ahora desfilan en tarima mientras las víctimas los observan desde abajo? ¡Una afrenta a la justicia y al… pic.twitter.com/v24bEDTWzx
— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) June 21, 2025
La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, también fue vista en el evento. Ella ha acompañado varias de las gestiones relacionadas con los acercamientos de paz en Antioquia.
La controversia aumentó al conocerse denuncias sobre la logística del evento. A través de audios filtrados en redes sociales, se escuchan coordinaciones para movilizar ciudadanos desde varias comunas de Medellín mediante buses y refrigerios, aparentemente con apoyo institucional. El exconcejal Simón Molina aseguró que esto evidenciaría una movilización organizada por actores políticos y no una asistencia espontánea.
Por su parte, el concejal Alejandro De Bedout publicó un certificado de disponibilidad presupuestal, supuestamente emitido por una dependencia del Ministerio de Trabajo, que estaría relacionado con los gastos del evento. Según De Bedout, podrían haberse destinado más de $2.600 millones en transporte, tarimas y logística con fines políticos.
Aún no hay un pronunciamiento oficial por parte del Gobierno frente a la presencia de los reclusos ni sobre los señalamientos por el uso de recursos públicos.
