Los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, no irán a prisión por el colapso del techo del establecimiento que dejó 236 muertos y más de 180 heridos el pasado 8 de abril. Así lo decidió en la madrugada de este jueves el tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, que impuso medidas cautelares distintas a la prisión.
Tras una audiencia que se prolongó por más de doce horas, el juez dispuso una garantía económica de 50 millones de pesos dominicanos (aproximadamente 8.300 dólares), impedimento de salida del país y presentación periódica ante la Fiscalía para ambos hermanos, propietarios del local donde ocurrió una de las mayores tragedias en la historia reciente del país.
El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para su hermana, argumentando cargos por homicidio involuntario. Las autoridades informaron que apelarán la decisión, al considerar que no se valoró adecuadamente el impacto social de la tragedia ni la responsabilidad de los imputados.
Durante el desplome, que ocurrió durante una presentación del merenguero Rubby Pérez —quien también murió en el siniestro—, cientos de personas se encontraban en el lugar. Entre las víctimas se encontraban también el exlanzador de Grandes Ligas Octavio Dotel y el diseñador de modas Robert Polanco.
Según la Fiscalía, el edificio presentaba serias deficiencias estructurales y había sido objeto de remodelaciones irregulares. El techo, aseguran los investigadores, fue sobrecargado con instalaciones técnicas y equipos de gran peso, como unidades de climatización de hasta 20 toneladas, ductos y tanques de agua.
Además, las autoridades sostienen que Antonio Espaillat fue advertido un día antes del colapso sobre el mal estado del techo, luego de que se reportara la caída de escombros desde la estructura.
Decenas de familias afectadas han presentado querellas legales, exigiendo justicia ante la pérdida de sus seres queridos y la magnitud del daño causado.
