La reforma laboral del 2025 fue aprobada en el Congreso, y aunque se presenta como una reivindicación histórica de derechos para los trabajadores, deja en el aire serias dudas sobre su impacto real en el empleo, la productividad y el costo de vida.
¿A quién beneficia esta reforma?
Si bien se aumentan derechos como los recargos nocturnos, dominicales, la formalización de aprendices y la estabilidad reforzada, muchos empresarios —especialmente los pequeños— temen no poder soportar el incremento de costos operativos que se avecinan.
Uno de los sectores más afectados será el de la Propiedad Horizontal: el 80 % de las familias colombianas que viven en conjuntos residenciales regidos por la Ley 675 de 2001 verán aumentadas sus cuotas de administración, ya que la operación (vigilancia, aseo, mantenimiento) ahora implicará mayores cargas laborales y prestaciones.
¿Y el empleo?
Contrario a lo que promete el discurso oficial, muchos expertos advierten que la reforma no genera empleo y, por el contrario, pone en riesgo miles de puestos. Las pequeñas empresas podrían verse obligadas a prescindir de personal o recurrir a la informalidad para sobrevivir.
Sectores en jaque:
Los sectores más golpeados serían:
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Restaurantes y bares, que dependen de jornadas extendidas y turnos dominicales.
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Transporte masivo y servicios públicos, que no pueden trasladar fácilmente los costos adicionales al consumidor.
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Telecomunicaciones, obligadas a mantener operación continua con nóminas elevadas.
¿Y el costo para los ciudadanos?
Nadie parece haber hecho público un cálculo exacto del aumento de nómina por actividad económica. La pregunta es clara: ¿quién paga la cuenta? Spoiler: no es el Estado.
Con esta reforma, el Gobierno celebra una conquista laboral. Pero para muchos sectores, esta victoria huele más a factura que a justicia social.
