Al menos 12 personas, incluidos dos vehículos, un menor de edad y una mujer identificada como alias “Gabriela”, integraban la compleja red sicarial que atentó contra el senador y precandidato presidencial en Bogotá.
Por: Redacción
DIARIO LA LIBERTAD.
La justicia colombiana se enfrenta a uno de los casos de sicariato político más complejos de los últimos años. El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en la localidad de Fontibón, ha sacado a la luz una estructura criminal meticulosamente organizada, con múltiples actores y una inversión económica de proporciones escandalosas: entre 800 y 1.000 millones de pesos colombianos habrían sido utilizados para ejecutar el ataque.
La periodista Darcy Quinn reveló a través de su cuenta en X que, además del joven sicario de 14 años, al menos 12 personas habrían participado en el operativo, incluyendo a dos mujeres, una de las cuales ya fue plenamente identificada por las autoridades. La cifra estimada supera ampliamente los 20 millones de pesos prometidos al menor que disparó contra Uribe, dejando en evidencia la magnitud y alcance de la operación.
“Atención… entre 800 y 1.000 millones de pesos se habría pagado para atentar contra Miguel Uribe y los implicados serían cerca de 12, al menos dos mujeres”, señaló Quinn, cuya información, aunque no confirmada oficialmente por la Fiscalía, ha sido objeto de seguimiento en medios nacionales.
Una logística milimétrica
El atentado no fue un hecho aislado ni improvisado. Las autoridades han identificado hasta ahora dos vehículos utilizados durante la operación: un Chevrolet Spark gris y un Volkswagen azul oscuro. Este último era conducido por William González, recientemente capturado. Con su detención, ambos automotores están bajo custodia de las autoridades judiciales.
Otro hallazgo clave fue el celular que portaba el menor agresor, que no le pertenecía a él, sino a alias “el Costeño”, presunto cabecilla de la estructura sicarial. Este dispositivo contenía información valiosa que ha permitido avanzar en las investigaciones y generar más capturas.
Durante su aprehensión, el joven sicario pidió hablar: “Yo les voy a dar los números. Déjenme levantar y déjenme darles los números”, dijo mientras era atendido médicamente. La Fiscalía considera que esta información fue determinante para llegar a alias Gabriela, una joven de 19 años, capturada en Florencia, Caquetá, señalada de haber entregado la pistola Glock modificada y de coordinar la movilización del menor de edad.
La reconstrucción del crimen
El atentado ocurrió mientras Miguel Uribe participaba en un evento político en el parque El Golfito. El joven sicario le disparó tres veces, impactándolo dos veces en la cabeza y una en la pierna. La reacción inmediata de los escoltas impidió que el ataque tuviera consecuencias fatales y permitió la captura inmediata del agresor.
Uribe fue atendido de urgencia y trasladado a la Fundación Santa Fe, donde permanece bajo cuidado intensivo, tras ser intervenido por una hemorragia cerebral. Mientras tanto, el menor fue imputado por tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores para delinquir.
Además, se conoció la participación de un segundo tirador, aún no capturado, cuya arma no ha sido encontrada. Carlos Eduardo Mora González, colombo-venezolano de 27 años, también fue detenido por su rol como conductor en la operación. La Fiscalía General de la Nación lo vinculó formalmente al caso.
Ecos políticos y presión judicial
El atentado ha generado un fuerte repudio en el país. El presidente Gustavo Petro condenó el hecho, al igual que diversas figuras políticas. El Gobierno Nacional anunció una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos para quien brinde información que permita ubicar al autor intelectual del crimen.
La investigación apunta ahora a una estructura sicarial transnacional, con presuntos nexos en Ecuador, lo que ha encendido las alarmas de los organismos de seguridad sobre la penetración del crimen organizado en las campañas políticas.
Mientras tanto, la opinión pública, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección exigen respuestas urgentes, no solo por la gravedad del hecho, sino por las implicaciones que tiene para el ejercicio democrático en Colombia. El caso Uribe Turbay se perfila como un hito judicial que podría destapar una red mucho más amplia y peligrosa de crimen político financiado a gran escala.
Y.A.
