Colombia es el quinto país con más desplazados internos en el mundo; la Defensoría urge una intervención estatal prioritaria para proteger a estas poblaciones vulnerables.
En el marco de la conmemoración del Día Mundial de las Personas Refugiadas y Desplazadas, este 20 de junio, la Defensoría del Pueblo de Colombia reveló cifras alarmantes: más de 11 millones de personas en el país han tenido que abandonar sus hogares debido a violencia, persecución o desastres naturales.
Según un informe conjunto elaborado por la Defensoría del Pueblo y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el 89% de estas personas son víctimas del conflicto armado interno, en lo que constituye desplazamiento forzado.
A esta dramática realidad se suman los datos sobre quienes han solicitado refugio en Colombia: en lo que va de 2024, 9.168 personas refugiadas fueron admitidas en el país, provenientes en su mayoría de Venezuela, Cuba, Ecuador y Perú.
“Reafirmamos que el Estado debe priorizar la reducción de los factores de vulnerabilidad que enfrentan las personas desplazadas, refugiadas o en riesgo de serlo”, manifestó Iris Marín Ortiz, titular de la Defensoría del Pueblo, al presentar el informe.
El panorama internacional también refleja la magnitud de la crisis. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Colombia ocupa el segundo lugar mundial en número de solicitantes de refugio, solo superado por Venezuela. Además, el país es el quinto con mayor número de desplazados internos, después de Sudán, Siria, Afganistán y Ucrania.
Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente: el Estado colombiano debe actuar con celeridad para disminuir los factores de vulnerabilidad socioeconómica, ambiental y política que afectan a estas poblaciones desplazadas, refugiadas o en riesgo de serlo.
El desafío es enorme: garantizar que quienes han debido dejar todo atrás puedan acceder a sus derechos fundamentales, encontrar condiciones dignas para rehacer sus vidas y superar la marginación que enfrentan en muchas regiones del país. La Defensoría del Pueblo insistió en la necesidad de políticas públicas sólidas que incluyan protección integral, acceso a salud, educación y vivienda, y oportunidades de reintegración social y económica.
Mientras tanto, organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos coinciden en que Colombia no puede afrontar sola este fenómeno que, además de ser una crisis humanitaria, es un reto para la estabilidad y el desarrollo del país.
Y.A.
