El expresidente Iván Duque Márquez criticó fuertemente la reciente propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, calificándola como un “abuso de poder” y una amenaza directa a la institucionalidad democrática del país.
A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Duque instó a las autoridades electorales a impedir cualquier intento del Gobierno nacional de incluir papeletas o tarjetones relacionados con una constituyente en las elecciones legislativas de 2026. “No más ‘decretazos’, ‘cabildos’ ni ‘constituyentes populares’ que buscan presionar y debilitar las instituciones”, expresó el exmandatario.
La reacción de Duque se da luego de que el presidente Petro anunciara que en los próximos comicios legislativos se entregaría una papeleta para consultar al pueblo sobre la convocatoria de una nueva constituyente, con el objetivo de impulsar reformas estructurales que, según él, no han sido posibles bajo el actual marco constitucional.
Duque, miembro del partido Centro Democrático, también se refirió a la reforma laboral aprobada recientemente, señalando que el presidente tuvo que ceder ante el Congreso y aceptar modificaciones significativas al texto original. “Ya le tocó agachar la cabeza ante el Congreso con la reforma laboral, que no es otra cosa que una reforma pro sindical”, afirmó.
Desde hace varios meses, el presidente Petro ha insistido en que la Constitución de 1991, aunque define a Colombia como un “Estado social de derecho”, no se aplica plenamente. A su juicio, aún persisten concepciones tradicionales del “Estado de derecho” heredadas de la Constitución de 1886, especialmente en sectores políticos y judiciales.
Sin embargo, la posibilidad de una Asamblea Constituyente ha sido duramente cuestionada por juristas y dirigentes políticos que consideran innecesario reformar la Carta Magna actual. Además, recuerdan que la Constitución vigente establece que solo el Congreso, mediante una ley aprobada por ambas cámaras, puede autorizar una convocatoria de este tipo antes de ser sometida a votación popular.
El debate sobre la viabilidad y la legitimidad de esta propuesta presidencial promete escalar en los próximos meses, mientras distintos sectores del país siguen atentos a los movimientos del Gobierno y a la respuesta de las instituciones.
