La falta de inversiones, atrasos en proyectos y decisiones gubernamentales ponen en riesgo la seguridad energética del país, alertan expertos.
El sistema energético colombiano enfrenta un panorama preocupante que podría derivar en un desabastecimiento de energía en el corto y mediano plazo, según alertaron varios expertos durante el taller “¿Para dónde va el sector energético en Colombia?”, organizado en Bogotá con el apoyo de la Asociación de Periodistas Económicos (APE).
El exministro de Minas y Energía y director del CREE, Tomás González, advirtió que la incertidumbre generada por las decisiones del Gobierno Nacional ha erosionado la confianza del sector privado. “Señales poco claras, intervenciones en la regulación energética y cambios normativos han desincentivado la inversión en nuevos proyectos”, señaló.
Además, iniciativas como el pacto para reducir tarifas no lograron su objetivo y, por el contrario, afectaron la cadena de comercialización y distribución de energía.
Según González, el país acumula más de cuatro años de atraso en proyectos de generación eléctrica que debían estar operativos entre 2024 y 2025. “En 2024 apenas se logró asegurar la mitad de la energía en firme necesaria”, precisó. Si esta tendencia persiste, Colombia podría enfrentar un desabastecimiento energético entre 2026 y 2028.
El panorama se agrava por la deuda del Gobierno con empresas del sector, que ya supera los 5,9 billones de pesos, lo que podría desencadenar un colapso financiero en la cadena de suministro energético.
Por su parte, Amylkar Acosta, también exministro de Minas, advirtió sobre la vulnerabilidad del sistema por su alta dependencia de fuentes hídricas, especialmente frente a fenómenos como El Niño. Además, cuestionó la idea de una transición energética basada exclusivamente en fuentes renovables intermitentes como la solar y eólica. “Es necesario un enfoque de adición energética, incorporando nuevas fuentes sin abandonar las existentes”, propuso.
Ambos exministros coinciden en la urgencia de reactivar la inversión, garantizar licencias ambientales, ampliar la infraestructura de transmisión, y rediseñar la transición energética con criterios técnicos, metas realistas y mayor participación del sector privado, para evitar una crisis que podría comprometer la seguridad energética del país.
Y.A.
