El ente acusador subrayó que el ataque se originó por su condición de senador opositor y precandidato presidencial, además de señalar falencias en su esquema de seguridad.
El intento de asesinato contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido en Bogotá, no fue producto de enemistades personales ni de móviles económicos. La Fiscalía General de la Nación fue contundente al señalar que el ataque obedeció a razones estrictamente políticas, derivadas de su papel como congresista de oposición y de su precandidatura presidencial.
En el marco de la audiencia de imputación de cargos contra Katerine Andrea Martínez, presunta participante en el atentado, el ente investigador dejó claro que el crimen se enmarca en el contexto de la actividad política de Uribe. Su abierta oposición a las políticas del gobierno de Gustavo Petro y su visibilidad como figura crítica lo convirtieron en un blanco para los autores intelectuales del ataque.
Además, la Fiscalía cuestionó seriamente a la Unidad Nacional de Protección (UNP), señalando deficiencias en la respuesta a los reiterados llamados de alerta por parte del senador. Pese a que Uribe había reportado varias veces su situación de riesgo, las medidas de seguridad implementadas fueron insuficientes.
“Estamos ante un atentado que no surge por conflictos personales ni familiares. Es su papel como senador opositor y su campaña presidencial lo que lo coloca en el centro de esta trama criminal”, expresó la fiscal durante la diligencia, revelada por un reconocido medio de comunicación nacional.
Una organización sicarial detrás del ataque
El caso ha permitido a la Fiscalía delinear con precisión el entramado detrás del intento de homicidio. Según la investigación, el ataque fue planificado por Elder José Arteaga, alias El Costeño, cabecilla de una banda sicarial que articuló la operación. Arteaga reclutó a varios cómplices, entre ellos un menor de edad y a la propia Katerine Martínez, quien fue la encargada de proporcionar el arma homicida.
El joven de 15 años, quien ejecutó el disparo, fue sancionado con una medida de internamiento en el búnker de la Fiscalía. La oferta: 20 millones de pesos por atentar contra la vida del senador. El pago, según se ha establecido, sería entregado al menor tras el cumplimiento del encargo.
“Cada participante tenía un rol claro dentro del plan criminal, que incluyó la entrega del arma, el seguimiento al senador y la ejecución material del ataque”, explicó la fiscal.
Colaboración judicial y búsqueda de El Costeño
Durante la audiencia, la defensa de Katerine Martínez confirmó que su clienta ha comenzado a colaborar con las autoridades. “Mi defendida está prestando su colaboración en este proceso y se encuentra en diligencias con la Fiscalía”, indicó su abogada.
Mientras tanto, la búsqueda de alias El Costeño sigue activa. Las autoridades cuentan con un retrato hablado que podría ser clave en su captura. Las cámaras de seguridad lo registraron portando unos característicos zapatos rojos, un detalle que podría facilitar su identificación.
Este atentado ha reavivado el debate sobre la seguridad de los líderes políticos en Colombia, especialmente de aquellos que ejercen oposición. La investigación continúa y se esperan nuevos avances en los próximos días.
Y.A.
