La decisión de la CREG eliminará cobros abusivos y reducirá las tarifas para millones de usuarios en Atlántico, Magdalena, La Guajira, Bolívar, Sucre, Cesar y Córdoba.
En un hecho que marca un precedente en la defensa de los derechos colectivos de los ciudadanos del Caribe colombiano, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) aprobó en su Sesión 1388 del pasado 30 de mayo, la reformulación definitiva del componente de comercialización de la energía eléctrica, dando así cumplimiento a la Acción Popular que el Tribunal Administrativo del Atlántico concedió a los personeros de Santa Marta, Barranquilla y Riohacha.
Esta medida, que impactará a más de 2.7 millones de usuarios de la empresa Air-e, reducirá el valor del consumo mensual en un estimado de $54 por kilovatio hora. Según explicaron los personeros Edwar Orozco, de Santa Marta, y Miguel Ángel Alzate, de Barranquilla, con esta decisión “se acaban los abusos mensuales a los que estaban sometidos con las impagables tarifas de energía eléctrica”.
De acuerdo con lo anunciado, esta resolución dejaría sin efecto en la práctica el régimen transitorio especial creado en 2019, que establecía cobros diferenciados y más altos para los usuarios de la Costa Caribe. Con la reformulación aprobada, se eliminan cargos como el 20% de los gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) y el recargo por pérdidas no técnicas, es decir, el robo de energía, que representaba $90 por kilovatio hora, entre otras medidas.
Los personeros destacaron que el nuevo acto administrativo, que ya está en proceso para quedar en firme, representa en la práctica la eliminación de un régimen que durante años generó consecuencias sociales, económicas y productivas adversas en la región.
Desde 2022, durante el gobierno del expresidente Iván Duque, las tarifas de energía empezaron a subir de manera sostenida, golpeando el bolsillo de los usuarios de Magdalena, Atlántico y La Guajira. Esta situación, que limitaba el acceso a un servicio público esencial, motivó a los personeros Orozco, Alzate y Deluque a interponer la Acción Popular, alegando la violación de derechos colectivos de las comunidades costeñas.
Luego de un análisis prolongado, la CREG resolvió reformular el componente de comercialización, permitiendo así reducir un 20% de los cargos que se cobran a nivel nacional y eliminando el 20% adicional que se aplicaba solo en la Costa. Además, se eliminarán 300 puntos básicos de cartera que estaban contemplados en la fórmula tarifaria especial para la región Caribe.
Según los cálculos de la CREG, esta decisión permitirá que los usuarios de Air-e dejen de pagar aproximadamente $282 mil millones al año. Asimismo, los efectos de la Acción Popular beneficiarán también a los clientes de Afinia, en los departamentos de Córdoba, Cesar, Sucre y Bolívar, quienes dejarán de pagar cerca de $114 mil millones anuales y verán una reducción en su factura mensual de alrededor de $23 por kilovatio hora.
Este avance en la regulación también tendrá impacto nacional. La reformulación del componente de comercialización permitirá que los usuarios de todo el país se ahorren alrededor de un billón de pesos anuales en el costo del servicio de energía eléctrica.
Desde 2024, en cumplimiento de la decisión del magistrado Jorge Fandiño Gallo, la CREG ha venido adoptando una serie de medidas para equilibrar las condiciones tarifarias en la Costa Caribe:
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Flexibilizó las inversiones de los operadores de red que han cumplido metas de calidad, para así evitar incrementos tarifarios innecesarios.
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Convocó subastas de Obligaciones de Energía Firme para los períodos 2025-2028, asegurando mejor oferta de energía.
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Definió nuevos precios de escasez del Cargo por Confiabilidad.
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Facilitó la compra de energía por parte de prestadores intervenidos por la Superintendencia de Servicios Públicos.
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Facilitó la entrega de excedentes de energía por autogeneradores, ampliando la oferta en el mercado.
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Flexibilizó reglas para contratos de largo plazo que buscan reducir las compras costosas en la bolsa de energía.
Los personeros de Santa Marta y Barranquilla reconocieron el respaldo recibido en este proceso por la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, el Consultorio Jurídico de la Universidad del Norte, la Asociación Colombiana de Ingenieros seccional Atlántico, el Comité Intergremial del Atlántico, los congresistas costeños, los alcaldes, y numerosos expertos en temas eléctricos. “Fue un importante ejercicio de unión en favor de toda la Costa”, afirmaron.
Sin embargo, advierten que el reto que queda es asegurar que el Gobierno Nacional garantice la prestación continua y eficiente del servicio, en medio de la crisis financiera de Air-e. “Es imperativo que se tomen las medidas necesarias para que los usuarios no se vean afectados por problemas de liquidez de las empresas operadoras”, concluyeron.
Y.A.
