La SIC detectó barreras que habrían limitado la participación de oferentes en procesos de contratación por más de un billón de pesos. Las empresas tienen ahora la oportunidad de ejercer su defensa.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de su Delegatura para la Protección de la Competencia, formuló pliego de cargos contra Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) y la Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. (Dispac), por la presunta implementación de prácticas restrictivas de la competencia en diversos procesos de contratación.
Según la entidad, las dos compañías habrían establecido condiciones que limitaron la participación de oferentes, incluso cuando estos cumplían con los requisitos para presentar sus propuestas. Estos hechos, que se habrían repetido en múltiples ocasiones, podrían constituir una infracción al artículo 1 de la Ley 155 de 1959.
En el caso de EPM, la SIC identificó al menos tres tipos de restricciones en 24 procesos de contratación realizados entre 2020 y 2023: el cobro por el derecho a participar, la imposición de restricciones a la participación de consorcios o uniones temporales y limitaciones en su estructura interna, como el número de integrantes, porcentajes de participación y régimen de responsabilidad. El valor total de estos contratos supera el billón de pesos.
Por su parte, Dispac habría aplicado prácticas similares en al menos 23 procesos entre 2019 y 2023, por un monto superior a los cuatrocientos mil millones de pesos. Las principales barreras detectadas fueron el cobro por participar y limitaciones a la conformación de estructuras plurales.
Aunque ambas compañías no están sujetas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sí deben acatar los principios de la función administrativa, en especial la libre competencia y la selección objetiva.
La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, subrayó: “Las acciones adelantadas por esta Superintendencia resultan fundamentales para el país y los consumidores, toda vez que la imposición de barreras de entrada no justificadas impide que se obtengan las mejores ofertas posibles como consecuencia de la participación de un mayor número de proponentes”. Añadió que estas prácticas generan ineficiencias que impactan a los consumidores mediante servicios de menor calidad o precios más elevados.
Con este pliego de cargos se abre una etapa en la que EPM y Dispac podrán ejercer su derecho a la defensa. Mientras tanto, la SIC continuará evaluando las pruebas antes de emitir una decisión final.
Y.A.
