Como quien despierta tarde después de haber gastado de más en una fiesta, el Gobierno se topó de frente con la realidad: las cuentas no cuadran, el déficit se desborda y el país está al borde de un colapso fiscal. La diferencia, en este caso, es que la fiesta incluyó decretazos, consultas populares millonarias, gasto sin freno… y ahora viene la resaca: una nueva, y ambiciosa, reforma tributaria.
El Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado por el ministro Germán Ávila fue la bofetada de cifras. Lo que hace unos meses era una promesa de disciplina se convirtió en confesión: el déficit será de 7,1% del PIB en 2025, el más alto desde la pandemia, y la deuda escalará al 61,3% del PIB. Peor aún: no se recortará el gasto.
El ministro, en tono grave, dijo que esta situación “amenaza la estabilidad macroeconómica”. Pero lo que ha generado aún más controversia no es solo el diagnóstico, sino la receta: más deuda, cláusulas de escape a la regla fiscal y, por supuesto, más impuestos.
Impuestazo a la vista
El nuevo plan fiscal incluye una reforma tributaria de dimensiones históricas, con una meta de recaudo de entre $19 y $25 billones anuales. Será la tercera reforma formal del gobierno Petro, sin contar los decretos de autorretención ni los impuestos extraordinarios activados por la Conmoción Interior.
¿Y qué trae esta “megarreforma”? Ajustes a la estructura del IVA, aumento de la carga para personas naturales de altos ingresos, impuestos al carbono, gravámenes ambientales (ruido, vapeadores, plaguicidas), y una reforma permanente al impuesto sobre los juegos de azar en línea. Un verdadero paquetazo que pone a temblar al sector privado, al sector energético y a los contribuyentes.
El mismo libreto, otra vez
Lo curioso, o tal vez lo preocupante, es que este viraje económico llega después de que el mismo Gobierno debilitara sus fuentes de ingreso, atacando al sector de hidrocarburos, frenando la inversión privada, aumentando el gasto burocrático y ampliando la nómina estatal. Es decir: el desangre fiscal también fue autoinfligido.
El ministro Ávila intenta justificar la urgencia con un dato controversial: un “gasto heredado” de $120 billones del gobierno anterior, de los cuales $80 billones serían por el subsidio a la gasolina. Pero incluso esa cifra ha sido cuestionada: expertos señalan que el déficit heredado del Fondo de Estabilización de Combustibles ronda los $30 billones, no $80.
Y mientras tanto, el Congreso —escéptico y cada vez más distante del Gobierno— deberá decidir si aprueba el impuestazo, o si el Ejecutivo intentará otra vía, quizás incluso saltándose las instituciones como ha ocurrido en otras ocasiones.
Con la economía en pausa y la política tensionada
El propio documento del Ministerio de Hacienda advierte que aumentar la carga tributaria sin mejorar la eficiencia del gasto puede frenar el crecimiento económico. Lo paradójico es que el mismo Gobierno que levantó el país en llamas en 2021 protestando contra una reforma mucho menor, hoy plantea un ajuste histórico en plena desaceleración económica.
En este contexto, el mensaje del Gobierno parece contradictorio: por un lado pide más recursos, por otro se resiste a apretarse el cinturón. La política fiscal se vuelve así otro capítulo de una narrativa polarizada, donde la técnica cede terreno frente a la estrategia y el cortoplacismo electoral.
¿Qué viene?
Ahora el turno es del Congreso, donde las relaciones están más deterioradas que nunca. La posibilidad de que se apruebe una reforma de tal calibre en medio de la crispación política es incierta. Lo que sí está claro es que la factura de las decisiones pasadas ha llegado, y como en toda economía doméstica mal manejada, alguien tiene que pagarla.
Esta vez, parece que seremos todos.
