Luego de casi 35 años de ocurridos los hechos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a varias personas como presuntos responsables del secuestro, tortura y asesinato de tres líderes del pueblo arhuaco en 1990: Luis Napoleón Torres Crespo, entonces cabildo gobernador; Ángel María Torres Arroyo y Antonio Hugues Chaparro Torres.
La decisión fue adoptada mediante el Auto SRVCHP-018 del 16 de junio de 2025, firmado por el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, en el marco del macrocaso 09, que investiga crímenes contra pueblos étnicos durante el conflicto armado.
Señalamientos y nombres vinculados
La JEP compulsó copias para que se investigue a Luis Alberto Restrepo Gutiérrez, Alfonso Macías, Wilson Ramírez (alias ‘Jhon Ramírez’) y varios miembros de la familia Mattos, incluyendo a personas llamadas Carlos Mattos y José Mattos. Entre ellos podría estar Carlos Mattos Barrero, exrepresentante de Hyundai en Colombia, actualmente condenado por corrupción.
No obstante, el tribunal aclaró que no hay plena certeza jurídica sobre la identidad exacta de los Carlos y José Mattos señalados, dado que la familia tiene múltiples miembros con los mismos nombres, por lo cual será la Fiscalía la encargada de determinar quiénes serían los directamente implicados.
“Se compulsaron copias frente a ellos para que se investigue su posible responsabilidad (…) por su presunta participación en la conformación, patrocinio y promoción de estructuras paramilitares en el Cesar”, señala el documento judicial.
Las propiedades bajo la lupa
Además, la JEP solicitó que se evalúe la extinción de dominio sobre propiedades presuntamente usadas para los crímenes, entre ellas una casa en cercanías de la plaza Alfonso López en Valledupar y un apartamento ubicado cerca del río Guatapurí, señalado de haber servido como alojamiento para los posibles ejecutores de los asesinatos.
El crimen: reconstrucción y testigos
De acuerdo con las pruebas recogidas por la JEP, los tres líderes indígenas fueron secuestrados en Curumaní por hombres armados, presuntamente bajo la sospecha de tener información sobre el secuestro de José Eduardo Mattos Liñán, miembro de la familia Mattos.
Fueron vistos por última vez con vida en propiedades vinculadas a los investigados. Días después, sus cuerpos fueron hallados en diferentes municipios del Cesar y Magdalena.
Según el testimonio del coronel (r) Luis Fernando Duque, excomandante del Batallón La Popa, los arhuacos estuvieron retenidos en una finca de la familia Mattos, mientras que la hacienda Bethania, propiedad de Restrepo Gutiérrez, fue señalada como el lugar donde habrían sido torturados.
Por su parte, Wilson Ramírez (‘Jhon Ramírez’) habría sido el autor material de los asesinatos, actuando como jefe de seguridad del hacendado Alfonso Macías.
Camino judicial
Con esta decisión, la JEP traslada a la justicia ordinaria la responsabilidad de investigar penalmente estos hechos atroces, que han sido largamente reclamados por el pueblo arhuaco y por defensores de derechos humanos como parte del esclarecimiento histórico y judicial de la violencia ejercida contra comunidades indígenas durante el conflicto armado.
