Como sabemos, Air-e y Afinia son empresas que prestan servicios de energía eléctrica en Colombia; la primera se enfoca en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, mientras que Afinia opera en Bolívar, Córdoba y Sucre, ambas empresas fueron creadas para operar la red eléctrica que tiempos atrás pertenecía a Electricaribe.
Ya lo habíamos esbozado en este espacio editorial –a guisa de comentario– que si los Ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, así como las demás entidades competentes como la Creg y la Superintendencia de Servicios Públicos, no tomaban las medidas precautelativas y las pertinentes decisiones requeridas, la situación financiera de las entidades prestadoras del servicio de energía, en la región Caribe, podría generarse una inminente cesación en la prestación de dicho servicio, generándose un protuberante obstáculo para el desarrollo económico de esta zona del país.
Hoy traemos a colación lo que está ocurriendo con Air-e, entidad que maneja el servicio de energía para una importante zona de la Costa Caribe, la cual se encuentra en periodo de intervención, algo que igualmente se puede presentar en otra empresa como Afinia, también en la región Caribe, lo cual puede afectar a grupos empresariales como EPM, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de sus utilidades depende del resultado positivo de la energía que comercializa a través de Air-e y Afinia.
Con relación al caso que hoy traemos a colación, hay que tener en cuenta los costos económicos que se derivan de los procesos de intervención, si tenemos en cuenta que una actividad de esta naturaleza a empresas como Air-e o Afinia podría costarle al Gobierno la “bicoca” de 4 billones de pesos al año, que es lo que corresponde al déficit de operación de las mencionadas entidades para solventar no solo su operación sino las inversiones y garantizar la atención de la demanda en la zona norte de Colombia.
Al respecto no se sabe a ciencia cierta si la Nación –en medio del maremágnum en que se encuentra en estos momentos– pueda aportar los recursos necesarios.
En este sentido, no hay que olvidar lo que se vislumbra en el horizonte, cuando se requieren medidas urgentes para cumplir con una finalidad esencial del Estado, consistente en garantizar el acceso a los servicios públicos de todo el territorio nacional.
De ahí que sea tan necesario actuar para así garantizar el servicio a los usuarios y como es lógico ofreciéndole garantías a los prestadores y que la posible intervención de las compañías puede darse no solo en la región Caribe.
Ojalá que Air-e, la empresa que presta el servicio de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira cuente con el respaldo del Gobierno Nacional y que lo más pronto posible se puedan establecer precios justos que garanticen la capacidad de pago de los usuarios que ahora son maltratados con las tarifas más altas de Colombia.
Lo que se sabe es que la disposición de Air-e para la intervención es total, confiando en que el Estado implementará las medidas necesarias para asegurar un servicio de energía asequible y de calidad para los usuarios.
Los directivos de la empresa esperan que con el respaldo del Gobierno Nacional, se logre regular a los generadores y establecer precios justos que garanticen la capacidad de pago de los usuarios, pero que al tiempo también se les garantice la cancelación de los subsidios que les adeudan.
