La comunidad barí de Tibú denuncia el secuestro sistemático de niños y niñas por parte de grupos armados ilegales, mientras clama por la intervención urgente de organismos internacionales ante esta grave violación de derechos humanos.
En el corazón del Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en Colombia, la comunidad indígena barí lanza un grito de auxilio que retumba en medio del silencio institucional. Desde el año 2016 hasta junio de 2025, al menos 246 niños y niñas indígenas de los resguardos Motilón Barí y Catalaura, ubicados en el corregimiento de La Gabarra, zona rural del municipio de Tibú (Norte de Santander), han sido reclutados forzosamente por grupos armados ilegales.
“Desde hace nueve años llevamos el conteo de nuestros hijos que se han llevado. No es una cifra inventada, la hemos construido hablando directamente con los padres afectados, aunque muchos de ellos no denuncian por miedo”, afirma Alexander Adora, líder barí y defensor de derechos humanos de su comunidad. La mayoría de los reclutamientos se produce en silencio, con familias paralizadas por el temor a represalias de los grupos que dominan la zona, entre ellos el ELN y las disidencias de las FARC.
El dolor de estas familias no termina en el reclutamiento. Algunos padres han alcanzado a ver a sus hijos uniformados y armados dentro de las filas ilegales. Otros, en cambio, ni siquiera saben si siguen con vida. “Este año varios menores reclutados han muerto en enfrentamientos entre el ELN y las disidencias. Nos duele profundamente, es una tragedia silenciosa y constante”, asegura Adora.
Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 8 de junio, cuando una niña de 12 años fue raptada en el casco urbano de Tibú mientras se dirigía a la iglesia. Dos hombres la interceptaron en plena mañana. “Gracias a las gestiones de nuestros líderes y autoridades indígenas, logramos que fuera devuelta a su familia cinco días después”, relató la comunidad.
El líder barí aprovechó la denuncia para hacer un llamado urgente a los organismos internacionales de derechos humanos y a entidades del Estado colombiano para que actúen de manera decidida ante esta sistemática violación de los derechos de la infancia indígena. “Nos sentimos solos. Nuestros niños están siendo utilizados como carne de cañón. No podemos seguir contando víctimas sin que pase nada”, expresó Adora con tono de indignación.
En el Catatumbo, la niñez indígena se ha convertido en una de las principales víctimas del conflicto armado. Mientras los actores ilegales disputan el control territorial, los niños barí son arrancados de sus hogares, sus familias son sumidas en la desesperación, y las instituciones siguen sin ofrecer respuestas contundentes.
Y.A.