La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) alerta sobre la persistencia de graves fallas en la atención médica de más de 800.000 docentes y sus familias, y reclama respeto por la Ley 91 y el Acuerdo 03 de 2024, tras una transición caótica al nuevo esquema liderado por la Fiduprevisora.
Por: Redacción
DIARIO LA LIBERTAD.
A un año de la entrada en funcionamiento del nuevo modelo de salud para el magisterio, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) encendió las alarmas sobre lo que califica como una “grave crisis” en la atención médica de los docentes y sus familias. Lo que en su momento fue anunciado por el Gobierno Nacional como una transformación del sistema de salud —más ágil, transparente y centrado en el usuario— se ha convertido en un dolor de cabeza para más de 800.000 afiliados, que siguen enfrentando un panorama de contratos vencidos, pagos atrasados, medicamentos que no llegan y viáticos sin reconocer.
La denuncia formal fue emitida el sábado 14 de junio por el Comité Ejecutivo de Fecode, que acusó directamente a la Fiduprevisora, entidad estatal encargada de administrar los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), de operar sin la capacidad técnica necesaria para gestionar el nuevo modelo. “Tenemos serias debilidades que afectan el buen servicio, desde la entrega de medicamentos hasta la contratación de prestadores, pasando por el incumplimiento de la libre elección de IPS”, afirma el comunicado oficial.
De operadores regionales a centralización fallida
El modelo, en operación desde el 1 de mayo de 2024, suprimió la figura de los operadores regionales que durante años habían servido de puente entre los docentes y los prestadores de servicios de salud. En su lugar, la Fiduprevisora asumió directamente la contratación de una red abierta de IPS en todo el país. Pero lo que debió ser una transición ordenada terminó siendo, según Fecode, un salto al vacío.
A la fecha, se estima que la Fiduprevisora debe coordinar al menos 13.000 contratos con prestadores en todo el país, una tarea que exige una estructura operativa robusta que, según múltiples testimonios, no se ha consolidado. “La entidad no cuenta con los recursos técnicos ni humanos para esta tarea monumental. La red publicada se hizo sin aval del Consejo Directivo del Fomag y ha generado más caos que soluciones”, afirma Domingo Ayala Espitia, presidente de Fecode.
Red de prestadores sin consulta ni aprobación
Uno de los hechos más polémicos fue la publicación, por parte de la Fiduprevisora, de una red de prestadores para que los usuarios elijan su IPS primaria. Sin embargo, Fecode rechaza esta acción por considerarla unilateral y en contravía de la Ley 91 de 1989 y el Acuerdo 03 de 2024, normas que establecen que cualquier cambio en la estructura de contratación debe contar con el visto bueno del Consejo Directivo del Fomag.
“El órgano directivo nunca discutió, evaluó ni aprobó esa red. Fue una decisión arbitraria que desconoce la participación del magisterio en la construcción del modelo y vulnera derechos fundamentales”, señala Ruth Mariela Fernández, secretaria general de Fecode. Según la federación, el Consejo Directivo es la máxima autoridad del Fomag y su exclusión compromete la transparencia y legalidad del proceso.
Libre elección, promesa incumplida
La libre elección del prestador es uno de los pilares del nuevo modelo, concebida como una garantía para que los maestros puedan acceder a atención oportuna y de calidad. No obstante, en varias regiones del país esa posibilidad no existe en la práctica. Las opciones disponibles son escasas, las coberturas de las IPS son limitadas y los traslados para atención especializada siguen siendo largos, costosos y, en muchos casos, infructuosos.
“Hay profesores que deben viajar horas o incluso días para una cita médica, y cuando llegan les dicen que no hay agenda disponible o que el contrato con la IPS está en revisión. Esto no puede seguir ocurriendo”, comenta un directivo de un sindicato filial en el Meta.
Además, las fallas logísticas en la entrega de medicamentos continúan siendo un punto crítico. En varias zonas del país, los usuarios denuncian esperas de semanas o incluso meses para obtener fórmulas médicas, afectando tratamientos crónicos y condiciones de salud delicadas.
Riesgos para la transparencia
Otro aspecto que genera desconfianza es el diseño por niveles adoptado por el Acuerdo 03: un prestador primario, un nodo regional de servicios y centros de excelencia a nivel nacional. Fecode advierte que ese modelo, aunque suena robusto en el papel, no ha sido implementado de manera coherente ni verificable.
“La ejecución es caótica. No hay trazabilidad de los servicios, no hay lineamientos claros y la improvisación es la norma”, afirma el comunicado. También cuestionan el criterio de selección de las IPS, pues muchas de ellas no cumplen estándares de calidad, carecen de infraestructura o tienen antecedentes de mala atención.
Exigencias puntuales al Gobierno y al Ministerio
En su pronunciamiento, Fecode exige una reunión urgente del Consejo Directivo del Fomag, con el objetivo de retomar el control sobre la estructuración de la red de prestadores, definir mecanismos reales de libre elección y establecer garantías de transparencia total en los procesos de contratación.
También piden fortalecer el Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST), garantizar el reconocimiento de viáticos, agilizar los pagos atrasados y resolver los problemas derivados de la falta de renovación de contratos.
El sindicato reitera que el magisterio permanecerá en estado de alerta, hará veeduría sindical activa y defenderá la implementación efectiva del Acuerdo 03, norma que, aseguran, “ha sido sistemáticamente ignorada por quienes deben hacerla cumplir”.
El costo humano de la desatención
Más allá de las cifras, la verdadera dimensión de esta crisis está en las aulas: docentes que van a clase enfermos, con tratamientos inconclusos, sin medicamentos o atención básica. Para muchos de ellos, el sistema actual ha agravado problemas de salud y ha generado una sensación de abandono estatal.
“El modelo de salud prometía transformación, pero lo único que trajo fue incertidumbre y precariedad. No queremos volver al pasado, pero tampoco podemos aceptar esta improvisación”, concluyó Ayala Espitia.
Mientras el Gobierno Nacional guarda silencio frente a estas denuncias, más de 800.000 personas siguen esperando que el nuevo modelo cumpla lo que prometió: acceso digno, equitativo y transparente a la salud. La pregunta que queda en el aire es: ¿cuánto más deberán esperar los maestros para que el sistema funcione?
Y.A.
