En medio de una escalada de violencia entre facciones disidentes de las extintas FARC, el grupo armado ilegal conocido como Estado Mayor Central (EMC), liderado por alias Iván Mordisco, decretó un paro armado en todo el departamento de Guaviare, que se extenderá desde este lunes 16 hasta el sábado 21 de junio.
La medida fue anunciada a través de un comunicado divulgado en redes sociales, en el que se prohíbe toda actividad y desplazamiento durante cinco días, con restricciones adicionales impuestas una vez finalizado el paro. Entre ellas se encuentran el toque de queda nocturno, la prohibición del uso de cascos para motociclistas, la circulación de vehículos con vidrios cerrados y el tránsito de transporte cubierto o sin documentos en regla.
El grupo insurgente justificó el paro alegando una supuesta colaboración entre su rival, la estructura disidente comandada por alias Calarcá, y miembros de la fuerza pública, a quienes acusa de brindar protección a redes de extorsión, robo y desapariciones que afectan a los habitantes del sur del país.
“El contubernio entre el grupo paramilitar de Calarcá Córdoba y las fuerzas policiales y militares que operan en el departamento viene creando una situación de zozobra y miedo en la población civil”, señala el EMC en el documento.
Pese al carácter general del paro, las disidencias indicaron que permitirán el tránsito fluvial para la entrada de ayuda humanitaria, en respuesta a las inundaciones que afectan a varias zonas del departamento.
También emitieron una serie de “recomendaciones” a la comunidad civil, como evitar ubicarse cerca de campamentos armados, denunciar la expropiación de vehículos y mantenerse alejados de guarniciones militares o policiales.
Este anuncio se produce en medio de fuertes enfrentamientos entre las estructuras de Mordisco y Calarcá, que han derivado en desplazamientos forzados, bloqueos y hechos de violencia en las zonas rurales de Guaviare. En abril pasado, una emboscada atribuida a estos grupos dejó cinco militares muertos.
A pesar de la gravedad de la situación, hasta el momento el Gobierno nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial. La falta de respuesta ha sido criticada por organizaciones sociales y líderes comunitarios, quienes temen un agravamiento del conflicto armado en la región.
La imposición del paro armado reaviva los temores de un resurgimiento del control territorial por parte de actores armados ilegales, en un departamento históricamente golpeado por el conflicto.
