El ministro de Hacienda, Germán Ávila, plantea una reforma estructural para garantizar estabilidad fiscal, mientras el contralor general advierte sobre los riesgos de repetir viejas fórmulas.
Con el propósito de ajustar el rumbo de las finanzas públicas y garantizar la sostenibilidad fiscal del país, el Gobierno Nacional anunció que presentará una reforma tributaria al Congreso de la República con el objetivo de lograr un recaudo cercano a los $19 billones en 2026, lo que equivale aproximadamente a un punto del Producto Interno Bruto (PIB).
El anuncio fue hecho por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien explicó que esta propuesta buscará no solo incrementar el recaudo, sino también ofrecer alivios tributarios y promover impuestos indirectos “poco distorsionantes” para la actividad económica. “Ahí se presenta la senda de ajuste en los ingresos, que para el año 2026 lograr este ajuste de un punto del PIB va a significar lo que hemos venido mencionando acerca de una propuesta de reforma tributaria que le vamos a presentar al Congreso de la República”, puntualizó el funcionario.
Ávila también indicó que la reforma será parte de una estrategia más amplia de carácter estructural que permita al Estado mantener una senda de mediano plazo para el crecimiento económico y la estabilidad fiscal. Además, aseguró que, aunque existen restricciones fiscales, es imprescindible consolidar los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo, debido a que estos hacen parte de un mandato legal que debe ser cumplido.
El Ministro también señaló que el presupuesto general de la Nación se diseñará bajo criterios de austeridad, pero sin afectar la inversión pública prioritaria. Para ello, el Gobierno buscará concretar un “gran pacto fiscal” que contemple tanto una reforma estructural del gasto público como nuevas fuentes de financiamiento con mayor flexibilidad.
Críticas desde la Contraloría General
Sin embargo, la propuesta no ha sido bien recibida por todos los sectores. Uno de los principales reparos vino desde la Contraloría General de la República, cuyo jefe, Carlos Hernán Rodríguez, manifestó su “rechazo técnico” frente a la iniciativa. En palabras del contralor: “De efectuarse estas medidas, consideramos nosotros que jamás seremos partidarios desde el punto de vista técnico de una nueva reforma tributaria, porque hablar de nuevas reformas tributarias es simplemente tener que endilgar a diferentes actores falta de seriedad en el manejo de la finanza pública”.
Rodríguez subrayó que su crítica no tiene un carácter político ni va dirigida a un gobierno específico, pero sí pretende hacer un llamado urgente al cumplimiento de los principios fiscales, especialmente a la necesidad de reducir los gastos de funcionamiento del Estado. “¿Que hay una deuda? Pues la deuda hay que cancelarla”, recalcó el funcionario, al tiempo que reiteró que la inversión pública no puede ser sacrificada en medio del ajuste fiscal.
Un panorama alarmante: el “cóctel fiscal”
En su intervención, Rodríguez fue más allá y describió la actual situación fiscal como un “cóctel demasiado peligroso”, haciendo referencia a tres medidas recientes que, en su conjunto, podrían agravar los problemas financieros del país: el recorte presupuestal tardío, el anticipo del impuesto de renta de 2026 al 2025 y la ampliación de la regla fiscal.
Para la Contraloría, estos movimientos, junto a una nueva reforma impositiva, representarían un riesgo estructural que podría terminar afectando seriamente la capacidad del Estado para responder a sus compromisos en el corto y mediano plazo. En particular, se teme que estas estrategias acaben generando distorsiones en la ejecución presupuestal y comprometan la viabilidad de programas sociales fundamentales.
Reformas, pero con criterio técnico
Este debate reabre una discusión central sobre cómo debe el Estado colombiano abordar el ajuste fiscal que claramente necesita. Mientras el Gobierno apuesta por una reforma estructural tributaria, respaldada en impuestos indirectos y medidas que no frenen la economía, desde la Contraloría se exige una revisión profunda del gasto público antes de pensar en cargar nuevamente el peso sobre los contribuyentes.
Este choque de visiones refleja la tensión permanente entre la necesidad de obtener recursos para cumplir con los compromisos estatales y la exigencia de mejorar la eficiencia y transparencia en el uso del gasto público.
En el horizonte de 2026, el Congreso deberá enfrentar un escenario complejo, donde las decisiones fiscales no solo impactarán el equilibrio macroeconómico, sino también el bienestar social y la confianza institucional. El tiempo, la técnica y la política serán los jueces de esta nueva propuesta del Ejecutivo.
Y.A.
