El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una orden contundente al Gobierno Nacional: en un plazo máximo de 10 días, los ministerios de Hacienda y Minas y Energía deberán asegurar los recursos necesarios para cubrir los subsidios de energía y gas destinados a los hogares de estratos 1, 2 y 3, tanto urbanos como rurales, correspondientes a los años 2024 y 2025.
La decisión judicial responde a la creciente preocupación por el retraso en el pago de estos subsidios, cuya deuda acumulada se estima en 1,5 billones de pesos. De no cumplirse con los desembolsos, gremios del sector han advertido que las tarifas podrían incrementarse hasta en un 150 %, lo que afectaría directamente a millones de familias de bajos ingresos en todo el país.
Contradicciones en los pagos
Pese a la advertencia del Tribunal, el Ministerio de Minas y Energía aseguró el pasado 20 de mayo que ya había pagado la totalidad de los subsidios pendientes, con una inversión total de $2,5 billones. De esta cifra, $1,3 billones fueron girados a empresas de energía y $564 mil millones a compañías de gas.
Además, la cartera energética explicó que se canceló completamente la deuda incluida como reserva presupuestal de 2024 por $203.246 millones y que, durante 2025, se pagaron seis resoluciones adicionales por un valor de $888.054 millones.
Advertencia de Andesco
No obstante, desde el sector de los servicios públicos, Andesco alertó que los recursos actuales solo permiten cubrir los subsidios del primer trimestre del año. Según la asociación, aún faltan por apropiarse $3,8 billones para garantizar el pago completo durante el resto del 2025.
La situación pone presión sobre el Ejecutivo, que deberá actuar con rapidez para evitar una crisis tarifaria que afectaría no solo a los usuarios más vulnerables, sino también a la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras de servicios.
