JAIME VÉLEZ GUERRERO
El atentado perpetrado en Bogotá contra el senador Miguel Uribe Turbay exige, de manera decisiva, el esclarecimiento concienzudo de los hechos que lo rodearon, a fin de establecer, con absoluta certeza, la autoría del acto delictivo y determinar si estuvo premeditado y ejecutado por una estructura delincuencial. Resulta fundamental que la investigación se enfoque, sin dilaciones, en la posibilidad de que dicha organización haya utilizado menores de edad para instrumentar el crimen, circunstancia que agrava la naturaleza del hecho.
Adicionalmente, el presente suceso pone de relieve la urgente necesidad de implementar, a nivel nacional, una estrategia integral de largo plazo orientada a la prevención de la criminalidad en contextos vulnerables. Es ineludible que el Estado desarrolle y ejecute políticas públicas que aborden de manera simultánea y coordinada los determinantes sociales y económicos que inciden en la marginalidad de la niñez, tales como la disfunción familiar y la exclusión social. La adopción de un enfoque preventivo, que contemple programas educativos, de atención psicosocial y de refuerzo de los vínculos comunitarios, se erige en un mecanismo imprescindible para mitigar los factores de riesgo que propician la instrumentalización de menores en actividades delictivas.
La condición de vulnerabilidad en la que se encontraba el adolescente que incurrió en el atentado se fundamenta en la confluencia de circunstancias adversas: unas precarias condiciones económicas, la presunta drogodependencia y la residencia en una zona criminógena, configurada como un entorno propicio para la comisión de hechos delictivos sucesivos. Este contexto resalta la fragilidad del joven desde una perspectiva integral.
Por otro lado, es ineludible constatar que el congresista y su equipo de protección no realizaron un análisis exhaustivo y técnico del lugar destinado a la realización del mitin político. La carencia de una valoración minuciosa del entorno permitió que el sitio no contemplara los elementos esenciales para salvaguardar a una personalidad con ideas radicales en el ámbito partidario. Tal omisión, en aras de asegurar la seguridad pública, compromete los principios de resguardo e integridad que deben regir cualquier actuación en espacios públicos.
Tras el acto criminal se ha evidenciado que ciertos congresistas han contribuido a agravar el clima de tensión institucional mediante declaraciones que, de manera unilateral y carentes de sustento probatorio, atribuyen responsabilidad al Ejecutivo. Dichas aseveraciones, emanadas desde posiciones polarizadas y alejadas del rigor jurídico, vulneran los principios de objetividad y veracidad que deben imperar en el discurso público.
Es menester recordar que la investigación de los hechos delictivos corresponde exclusivamente a los órganos especializados, a saber, la policía científica y la Fiscalía, los cuales constituyen los pilares fundamentales para el esclarecimiento de los delitos. La emisión de juicios precipitados y desestabilizadores, sin contar con las evidencias pertinentes, no solo carece de sustento legal, sino que también mina la credibilidad de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad jurídica y el orden constitucional.
En consecuencia, es imperativo que el debate público se enmarque en criterios de rigurosidad técnica y respeto a las competencias institucionales, para evitar que se fomente un ambiente de confrontación innecesaria que, en última instancia, debilite la confianza en el sistema de justicia y en los principios democráticos consagrados en nuestra Carta Magna.
En el contexto de la presente investigación, es oportuno complementar el análisis probatorio mediante la solicitud de comparecencia para entrevistar a las tres mujeres integrantes del mismo partido político del senador Uribe Turbay, afiliado al Centro Democrático. La adopción de esta diligencia se fundamenta en la constatación de que dichas personas han manifestado rivalidades marcadamente feroces contra el congresista. Aunque, de manera individual, sus actitudes adversas pudieran no revestir carácter determinante, la confluencia de tales conductas ha contribuido a la configuración de un ambiente hostil en contraposición al referido legislador
La hipótesis plantea que el atentado contra el congresista Miguel Uribe Turbay pudo haberse ejecutado con la cooperación de tecnologías de inteligencia artificial, utilizadas tanto para facilitar la acción delictiva como para obstruir la investigación mediante la generación de evidencia falsificada. Desde el ámbito penal, ello implica la imperiosa necesidad de incorporar rigurosos métodos periciales digitales y de actualizar el ordenamiento jurídico, con el objeto de tipificar y sancionar adecuadamente el uso doloso de estas herramientas.
