El conflicto armado en los corregimientos rurales de Ocaña ha obligado a más de 500 personas a abandonar sus hogares; las autoridades locales temen un aumento en el número de desplazados.
La creciente violencia entre grupos armados ilegales continúa generando una grave crisis humanitaria en el municipio de Ocaña, Norte de Santander. En las últimas horas, más de 200 familias de los corregimientos Cerro de las Flores y Quebrada La Esperanza han llegado desplazadas al casco urbano tras intensos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.
Según informó el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares, a La FM de RCN, “me preocupa que al finalizar la jornada del miércoles llegaron 202 familias, en total son 502 personas entre adultos mayores, niños y mujeres embarazadas, les estamos brindando la ayuda pertinente, aunque algunas decidieron ubicarse en las casas de sus respectivas familias”. El mandatario expresó su temor de que “empeore el panorama de orden público y se incremente el número de familias desplazadas”.
Estas familias, en su mayoría campesinas trabajadoras, son originarias de la zona más productiva y tecnológicamente avanzada en materia agropecuaria de la región. “Infortunadamente se ven obligadas a salir por temor a quedar en medio de los enfrentamientos”, indicó Cañizares.
El alcalde hizo un llamado urgente a los grupos armados: “No involucrar a estas familias, es importante respetar el Derecho Internacional Humanitario, se trata de familias que viven de los cultivos de pan coger, no tienen vínculos con los cultivos de coca”.
Ante la gravedad del problema de orden público, se tomaron medidas inmediatas. “Se suspendieron las clases en varias veredas y hoy se presume lleguen más familias al casco urbano”, advirtió el mandatario. La Alcaldía, en coordinación con la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, ya realizó la caracterización de los afectados para garantizar su atención.
“Estas veredas están ubicadas a 20 minutos del casco urbano de Ocaña. Nos preocupa porque es la zona más productiva, de mayor desarrollo tecnológico en materia agropecuaria y hoy se vieron afectadas en seguridad y obligadas a paralizar su producción”, concluyó Emiro Cañizares.
La situación ha generado preocupación entre organizaciones humanitarias y defensores de derechos humanos, quienes han instado al Gobierno Nacional a reforzar su presencia en la zona y avanzar con urgencia en soluciones estructurales que permitan proteger a la población civil, prevenir nuevos desplazamientos y garantizar condiciones dignas de retorno para las familias afectadas.
Y.A.
