La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar contra 19 ministros del actual Gobierno tras la firma del controvertido Decreto 0639, con el que se convoca a una consulta popular nacional, a pesar de haber sido rechazada previamente por el Senado.
La investigación surge luego de una queja formal presentada por los ciudadanos Alberto Boek Huyke, Cristina Plazas Michelsen y Daniel Felipe Briceño Montes, quienes aseguran que el decreto desconoce principios constitucionales fundamentales como la legalidad, la separación de poderes y el debido proceso legislativo.
Consulta polémica pese a rechazo del Congreso
La propuesta de consulta fue presentada por el Gobierno el 1.º de mayo de 2025 y rechazada por el Senado el 14 del mismo mes. Sin embargo, el Ejecutivo insistió y expidió el decreto el 11 de junio. Según los denunciantes, esta decisión fue adoptada con pleno conocimiento de su inconstitucionalidad.
Uno de los hechos más llamativos del caso es que, según trascendió, el presidente habría advertido que los ministros que se negaran a firmar el decreto serían removidos de sus cargos. Aun así, el documento fue suscrito por la totalidad del gabinete convocado.
El decreto, si bien reconoce la decisión negativa del Congreso, invoca la figura de la “excepción de inconstitucionalidad” para justificar la inaplicación de esa votación legislativa, una interpretación que ahora está bajo revisión disciplinaria.
Avanza el proceso disciplinario
La Procuraduría ya ordenó la recolección de pruebas clave para establecer si existen méritos para abrir una investigación formal. Entre ellas, solicitó un informe oficial al Senado sobre el trámite de la consulta, copia de una tutela relacionada con el caso emitida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá y los estudios técnicos que habría utilizado la Presidencia para sustentar la expedición del decreto.
Asimismo, se requerirán certificaciones laborales y documentación adicional a los ministerios involucrados, incluyendo cualquier concepto jurídico que se hubiera emitido antes de firmar el acto administrativo.
Los ministros implicados han sido notificados para ejercer su derecho a la defensa desde esta primera etapa del proceso.
