El ministro de Justicia designado, Luis Eduardo Montealegre, argumentó que el presidente Gustavo Petro actuó conforme a la Constitución al decretar la consulta popular, señalando irregularidades en el trámite legislativo del Congreso.
En su primera aparición pública tras ser designado por el presidente Gustavo Petro como nuevo ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre defendió con firmeza el decreto mediante el cual el mandatario convocó a una consulta popular, argumentando que el Ejecutivo actuó dentro del marco legal y constitucional al aplicar la excepción de inconstitucionalidad.
Durante una rueda de prensa celebrada este miércoles, Montealegre explicó que la decisión del presidente se fundamenta en que el Congreso de la República incurrió en presuntas «violaciones a la Constitución» al emitir un concepto desfavorable frente a las preguntas que conforman la consulta. Según indicó, esta situación habilitó al mandatario a expedir el decreto presidencial que convoca a los ciudadanos a pronunciarse en las urnas sobre temas aún no especificados públicamente.
“El presidente aplicó la excepción de inconstitucionalidad porque existe una incompatibilidad entre una norma del ordenamiento jurídico de menor jerarquía —en este caso, el acto legislativo del Congreso que negó la consulta— y la Constitución, que debe prevalecer”, explicó Montealegre, enfatizando que este mecanismo constitucional permite dejar de aplicar normas que se consideren contrarias a la Carta Magna.
Además, el nuevo jefe de la cartera de Justicia fue enfático al señalar que la decisión del Congreso se dio fuera del plazo legal. Según lo estipulado, el Legislativo tenía un término de treinta días para pronunciarse sobre las preguntas presentadas por el Ejecutivo ante el Senado. Al no haber emitido un concepto legítimo en ese periodo, el Ejecutivo quedó habilitado para tomar la iniciativa de manera directa, sostuvo Montealegre.
Sobre las amenazas jurídicas que podrían recaer sobre el decreto, especialmente por parte de sectores políticos que ya han anunciado demandas ante el Consejo de Estado, Montealegre aclaró que dicha corporación no es la competente para decidir sobre la validez del acto. “La Corte Constitucional es la única que puede declarar la exequibilidad o inexequibilidad del decreto, ya que se trata de un acto de convocatoria fundado en normas constitucionales”, puntualizó.
Montealegre fue más allá y enumeró cinco graves irregularidades que, a su juicio, evidencian una actuación contraria al reglamento del Congreso por parte del Senado. Cada una de estas faltas, según explicó, representa también una vulneración a la jurisdicción constitucional.
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Los congresistas votaron sin que se leyera el texto del concepto sobre la consulta, lo que impidió que tuvieran claridad sobre el contenido exacto del documento.
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El presidente del Senado, Efraín Cepeda, cerró la votación de forma “arbitraria” a los 2 minutos con 54 segundos, impidiendo que varios legisladores ejercieran su derecho al voto.
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Se modificó el voto del senador Edgar de Jesús Díaz, lo cual alteró el resultado final. De haberse mantenido su sufragio original, se habría producido un empate (48 a 48).
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A pesar de que asistieron 97 senadores, solo se contaron 96 votos, generando dudas sobre la transparencia del conteo.
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Finalmente, se desestimó la apelación verbal presentada por la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, la cual fue ignorada por la mesa directiva.
Estas omisiones y fallos de procedimiento, sostuvo el ministro, no solo deslegitiman el acto del Congreso, sino que además configuran una transgresión directa a la Constitución, lo que justifica plenamente la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad por parte del presidente.
El anuncio de Montealegre se produce en medio de una creciente tensión política entre el Gobierno y la oposición, que ya ha advertido que recurrirá a todos los mecanismos legales disponibles para frenar la convocatoria. De hecho, varios sectores han acusado al presidente de intentar evadir los controles institucionales del sistema democrático.
Pese a estas críticas, Montealegre reafirmó que el decreto presidencial no representa un exceso del Ejecutivo, sino una acción legítima para garantizar el derecho ciudadano a participar en decisiones trascendentales para el país.
Mientras se avecina un pulso jurídico de altas proporciones, será la Corte Constitucional la que tendrá la última palabra sobre la validez del decreto y el alcance de la excepción de inconstitucionalidad como herramienta legítima del Ejecutivo.
Y.A.
