Entre 32 000 y 37 000 dominicanos han sido deportados desde Estados Unidos en los últimos 20 años, muchos de ellos después de haber cumplido extensas condenas en cárceles federales, estatales o privadas.
Basado en datos oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Prisiones Federales (BOP), reportes migratorios y testimonios documentados, el capítulo denuncia una maquinaria de castigo y exclusión que ha afectado a miles de familias dominicanas dentro y fuera del país.
“No solo fueron deportados. Muchos pasaron años, a veces más de una década, tras las rejas antes de ser expulsados, sin acceso adecuado a defensa legal, intérpretes o atención médica”, afirma Cabrera. “Este no es solo un tema migratorio: es un castigo estructural contra los pobres, los latinos y los racializados”.
El capítulo revela que dominicanos condenados por reingreso ilegal, posesión de drogas o documentos falsos, enfrentan sentencias que pueden alcanzar hasta 14 años en cárceles federales. Tras cumplir su tiempo, son entregados al sistema migratorio y detenidos nuevamente, esta vez sin cargos penales, en centros como el Krome North SPC en Florida o el Stewart Detention Center en Georgia, ambos operados por corporaciones privadas como GEO Group y CoreCivic.
La investigación también aborda el aumento del flujo migratorio desde República Dominicana a través de la peligrosa ruta terrestre por México. Solo entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, más de 47,000 dominicanos fueron detectados cruzando hacia EE.UU. de forma irregular. Muchos terminan detenidos, deportados o desaparecen en el camino.
El capítulo detalla con precisión las cifras de reclusión actual, desglosa los centros de detención más comunes y analiza las políticas de deportación bajo los gobiernos de George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden y el sucio negocio de la privatización de prisiones.
