Líderes gremiales y políticos advierten que el decreto presidencial rompe la Constitución de 1991, mina la seguridad jurídica y pondría en riesgo el empleo rural y la estabilidad económica del Cesar.
La reciente firma del decreto presidencial que convoca a una consulta popular, impulsada por el presidente Gustavo Petro, ha generado fuertes reacciones en todo el país. En el departamento del Cesar, voceros de distintos sectores políticos y gremiales han alzado su voz para advertir sobre las posibles consecuencias de esta decisión, que consideran una amenaza directa al orden constitucional, a la separación de poderes y a la estabilidad económica regional.
Uno de los primeros en pronunciarse fue Óscar Daza, presidente de la Junta Directiva de Fedegán en Cesar, quien calificó el decreto como una clara ruptura con la institucionalidad consagrada en la Constitución de 1991. “Se concreta el rompimiento del orden jurídico. El Gobierno Nacional no está respetando los canales institucionales para tramitar las reformas”, sostuvo Daza en un mensaje directo que refleja la preocupación del gremio ganadero.
Aunque la misión de Fedegán está centrada en el desarrollo del sector agropecuario, Daza advirtió que decisiones unilaterales como esta afectan de forma directa la confianza empresarial, la seguridad jurídica y la estabilidad del empleo rural. En particular, expresó su rechazo a una de las preguntas incluidas en la consulta, que plantea un régimen laboral especial para el campo.
“Un ordeñador empieza labores desde las 4 de la mañana. Aplicar el pago de horas extras bajo un régimen urbano nos llevaría a la quiebra. Esto aumentaría el desempleo en el campo”, señaló el líder gremial, al tiempo que pidió una revisión profunda de esta propuesta para evitar el colapso de la actividad ganadera.
Por su parte, Carlos Adolfo Morón, presidente del Centro Democrático en Cesar, fue más categórico: “Se ha iniciado una dictadura con la firma del decreto. El presidente Petro está violando la Constitución al ignorar la decisión del Congreso. Este decreto rompe con la división de poderes y concentra el poder en una sola persona”, afirmó.
Morón también alertó sobre las consecuencias económicas que tendría la reforma, en caso de aprobarse vía consulta popular. “Según proyecciones del Banco de la República, se podrían perder hasta 500.000 empleos en el país. El 99% del empleo en Colombia lo genera la empresa privada. Esta reforma golpearía duramente al sector empresarial”, indicó.
Ambos líderes coincidieron en criticar el discurso presidencial que ha denunciado presuntos complots golpistas. Mientras el presidente sostiene que hay sectores que buscan su derrocamiento, en el Cesar consideran que estas declaraciones carecen de fundamento y solo buscan distraer a la opinión pública.
“El presidente viene hablando de golpes de Estado y complots desde que asumió el cargo. Lo que sí existe es una amenaza real por parte de las guerrillas y de sectores de la extrema izquierda, que han sido derrotados democráticamente y ahora buscan imponer su agenda por vías de hecho”, declaró Daza.
En esa misma línea, Morón opinó que se trata de una estrategia de distracción. “Es una cortina de humo. En lugar de gobernar, el presidente está generando miedo e incertidumbre”, sentenció.
Desde el gremio ganadero también se hizo un llamado al diálogo y la concertación. Daza denunció que el Gobierno no ha dado solución a los conflictos de tierras en la región. “En el Cesar tenemos más de 600.000 hectáreas ofrecidas voluntariamente por ganaderos para compra, y no han adquirido ni 30.000. Las soluciones no se imponen por decreto, se construyen con diálogo”, concluyó.
Así, el decreto presidencial de la consulta popular, lejos de unir al país, ha profundizado las tensiones entre el Ejecutivo y sectores que ven en esta medida un intento por imponer reformas estructurales sin consenso, debilitando las bases del Estado de derecho y poniendo en juego el futuro económico de regiones como el Cesar.
Y.A.
