El gobierno venezolano asegura que la UE no protege sus propios intereses y critica que se ataque a las naciones del Sur Global que ejercen su autodeterminación.
En un enérgico comunicado publicado este martes, el Gobierno de Venezuela manifestó su rechazo a la reciente decisión de la Unión Europea (UE) de incluir al país sudamericano en su lista de jurisdicciones de “alto riesgo”. La medida, adoptada por la Comisión Europea en una actualización de su clasificación de países considerados propensos al blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, ha sido calificada por Caracas como una acción con motivaciones políticas, injusta y profundamente contradictoria.
“Lo que sí representa un verdadero riesgo es la incapacidad de la propia Unión Europea para proteger sus intereses, su economía y hasta su dignidad”, señala con firmeza el comunicado emitido por el gobierno venezolano. Desde el Palacio de Miraflores se argumenta que Venezuela es una nación que “construye una economía en crecimiento, con estabilidad política, y con instituciones que responden a los intereses del pueblo, no a intereses financieros ni a lobbies de turno”.
La inclusión de Venezuela en esta lista se da junto a otras naciones como Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal, mientras que países como Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos fueron eliminados del listado.
La reacción venezolana no se limitó a una mera queja. En su comunicado, Caracas cuestionó abiertamente las prácticas de las naciones europeas y su supuesta autoridad moral para emitir juicios de esta naturaleza. “Hemos enfrentado bloqueos, sanciones, intentos de aislamiento, y aquí estamos: más sólidos, más firmes, y sin doble moral”, enfatiza el texto.
Uno de los pasajes más críticos del documento señala que “lo que molesta a la élite decrépita europea no es el riesgo, sino la verdad: que hay países del Sur que ya no agachan la cabeza, que no aceptan tutelajes, y que no están dispuestos a entrar en las listas de los obedientes”. Este posicionamiento reafirma la visión del gobierno del presidente Nicolás Maduro de que la política exterior venezolana se enmarca en la autodeterminación de los pueblos y en la búsqueda de un orden multipolar más justo.
Además, el comunicado lanza acusaciones directas sobre las propias deficiencias de Europa en materia de transparencia financiera y control institucional. “Hay bancos lavando dinero en sus propias capitales, funcionarios que miran para otro lado, y paraísos fiscales que operan con total impunidad dentro de sus fronteras o bajo su amparo”, asegura el texto, señalando una supuesta hipocresía estructural en las decisiones de la UE.
Desde Caracas se advierte que estas listas constituyen mecanismos de presión económica y política utilizados para aislar a gobiernos que no se alinean con las agendas dominantes en Occidente. A juicio del oficialismo venezolano, la medida busca desacreditar los avances logrados por el país en medio de condiciones adversas, como las sanciones internacionales y los efectos de la prolongada crisis económica global.
Este nuevo episodio en la tensa relación entre Venezuela y la Unión Europea refuerza la narrativa del gobierno bolivariano sobre el carácter “neocolonial” de muchas de las decisiones adoptadas por organismos multilaterales occidentales. Las autoridades venezolanas sostienen que, lejos de representar una amenaza real, el país ha demostrado capacidad de resistencia, soberanía y fortalecimiento institucional a pesar de los múltiples desafíos.
En paralelo, diversos analistas internacionales han advertido que la lista de “alto riesgo” de la Unión Europea ha sido, históricamente, objeto de críticas por su opacidad en los criterios de inclusión y exclusión. La falta de transparencia en los procesos de evaluación, así como la disparidad en el tratamiento de ciertos países con relaciones políticas tensas con Bruselas, ha levantado sospechas sobre un uso discrecional de estas herramientas.
Aunque el comunicado venezolano no anticipa acciones específicas en respuesta a la decisión de la UE, sí deja en claro que no será aceptada sin contestación. Se espera que en los próximos días el gobierno de Maduro impulse una campaña diplomática para rechazar lo que considera una “designación injustificada” y promover el respaldo de aliados regionales y de países del Sur Global.
Mientras tanto, la distancia política entre Venezuela y la Unión Europea parece ensancharse aún más, dejando en evidencia el deterioro de una relación marcada por desconfianzas, sanciones y visiones opuestas sobre los modelos de gobernanza y desarrollo económico.
Y.A.
