Por Juana de Arco
Mientras el senador Miguel Uribe Turbay se aferra a la vida tras cobarde atentado sicarial, el gobierno Nacional parece estar ocupado premiando al agresor. Sí, leyó bien: al presunto sicario de 15 años –beneficiario del programa “Jóvenes en Paz”– no lo espera un centro de reclusión, sino una suite especial en el búnker de la Fiscalía, vigilancia del ICBF, acompañamiento psicológico, manutención completa y hasta la posibilidad de un cómodo cambio de nombre, cortesía del erario.
Y, por si fuera poco, su familia también será protegida, reubicada y sostenida económicamente por el Estado. Un paquete completo, digno de un plan todo incluido.
¿Quién necesita trabajar o estudiar si el crimen no solo paga, sino que además garantiza beneficios de por vida?
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, lo anunció sin sonrojarse: protección total al menor y su núcleo familiar porque, claro, su seguridad es prioridad. ¿Y la de Miguel Uribe? Bien, gracias. Sin esquema de protección de la UNP, sin respaldo oficial visible, y ahora luchando por su vida tras recibir un balazo por parte de un “niño en paz”.
Aunque el objetivo del programa es proteger a quienes cooperan con la justicia, la pregunta legítima que surge es:
¿Por qué parece que el sistema privilegia al agresor sobre la víctima?
¿Hasta qué punto debe el Estado brindar acompañamiento y protección integral a alguien señalado de participar en un atentado que pudo terminar en tragedia nacional?
Esta surrealista escena parecería un mal chiste de comedia política, si no fuera porque es real. Tal parece que el mensaje del gobierno sería claro en casos como este, donde jóvenes de 15 años con más experiencia y “vida” que uno de 20 o más, cometen semejante acto criminal para encontrar una nueva ruta de acceso a beneficios del Estado.
Qué tanto se evalúa la edad, cuando existen países que buscan optar por la mayoría de edad a los 15 o 16 años, esto, si se tiene en cuenta de que hay jóvenes de esa edad que parecen de mucho más y adultos que demuestran menos.
Así las cosas, con esto podríamos referenciarnos en parte para evaluar las conductas en un cuerpo mayor de menor experimentado.
Silencio oficial, indignación ciudadana
¿Y qué pasa con la víctima? Ni una palabra. Ni un anuncio de apoyo, acompañamiento, ni siquiera un acto simbólico de solidaridad. Mientras el victimario es abrazado institucionalmente, la familia del senador enfrenta sola la angustia, el silencio oficial y el olvido.
A la fecha, no se han emitido declaraciones claras por parte del gobierno nacional que expliquen por qué no se han brindado apoyos similares a la familia de Miguel Uribe o qué acciones concretas se tomarán para asegurar justicia rápida y transparente.
El país asiste, atónito, a una distorsión grotesca de la justicia: el victimario es tratado como héroe en rehabilitación, y la víctima, como un número más en la morgue de la indiferencia.
¿Esto es justicia restaurativa o simplemente impunidad con subsidio?
¿Hasta dónde va a llegar esta lógica perversa?
¿Será que los criminales ahora deben ser aplaudidos por su “valentía” y premiados con nuevos documentos, sostenimiento mensual y afecto institucional?
Mientras tanto, quienes defienden la legalidad y denuncian los excesos del gobierno tienen que rogar por un chaleco antibalas.
Si esto no es una burla a la democracia, ¿entonces qué es?
