Con una votación unánime, la Corte dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra la exmandataria, generando una ola de movilizaciones y cortes en todo el país encabezados por sindicatos que denuncian proscripción política.
En un fallo histórico que marca un nuevo capítulo en la política argentina, la Corte Suprema de Justicia dejó firme este martes la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por la denominada causa Vialidad, ratificando los seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La decisión, tomada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desató una oleada de protestas y cortes en distintas rutas del país en rechazo a lo que muchos sectores consideran una proscripción política.
El máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de la exmandataria, integrada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, bajo el argumento de que «la apelante no ha cumplido con el requisito de fundamentación autónoma».
Asimismo, descartó las objeciones sobre la actuación del Ministerio Público Fiscal, al señalar que “la garantía de imparcialidad no se extiende a sus representantes”.
Mientras tanto, la tensión social crece. Diversos gremios y sindicatos, entre ellos el Smata, se movilizaron hacia la sede del Partido Justicialista en la calle Matheu 130, donde CFK aguarda novedades.
La CGT emitió un comunicado denunciando que “la democracia está en peligro” y que la sentencia pone en entredicho las reglas democráticas, al tratarse de una causa con “irregularidades” y “manipulación informativa”.
La protesta se extiende por puntos clave como la autopista Panamericana y Pacheco, el Camino del Buen Ayre, el Acceso Oeste, la autopista Buenos Aires–La Plata a la altura de Quilmes, la autopista Ricchieri y el Puente Pueyrredón, entre otros accesos estratégicos a la Ciudad de Buenos Aires.
En medio del caos, trascendió que el gobierno nacional evalúa enviar fuerzas de seguridad federales para liberar las rutas y custodiar edificios públicos, lo que podría escalar aún más la tensión.
Tanto la CTA Autónoma como la CTA de los Trabajadores advirtieron que “el sistema democrático argentino vive horas de absoluta debilidad institucional” y llamaron a “enfrentar la proscripción” en unidad.
El país se encuentra en vilo ante una situación que combina sentencia judicial, reacción sindical y efervescencia social, en un contexto marcado por la proximidad de nuevas elecciones y un fuerte debate sobre la legitimidad institucional.
Y.A.
