Por Orlando Andrade Gallardo
En los últimos años Colombia ha avanzado en la construcción de su infraestructura vial para mejorar la movilidad del transporte por carretera que tenía atrasado al país, dejándolo por fuera de los mercados internacionales. El gobierno Santos logró recuperar y construir nuevas vías que enlazan pueblos y regiones apartadas productoras de alimentos, abandonadas por administraciones anteriores. Colombia aun continúa embotellada en muchas regiones que requieren con urgencia habilitar los viejos caminos vecinales o vías terciarias que conectan a corregimientos y veredas con las vías de cuarta y quinta generación, como el caso de Cuatro Bocas – Bajo Ostión – Puerto Colombia, y no ha habido forma que ninguna administración escuche el clamor de sus habitantes.
En iguales condiciones existen otras regiones que las comunidades desconocen las razones de no atender las solicitudes y peticiones, pero la ANI se ha enfocado en otras zonas menos productivas. La política de construir vías de cuarta y quinta generación no apunta solo a facilitar la movilización de vehículos, sino que las comunidades productoras de alimentos escondidas en el mapa puedan conectarse con los mercados de consumo por medio de las vías de nueva generación. Cuatro Bocas, Juaruco, El Morro en Tubará, son poblaciones turísticas, ricas en historias que aún conservan su vocación agrícola y carecen de estas vías; Bajo Ostión ubicada en un punto estratégico a orilla de la Autopista al Mar, es el enlace.
No es desconocido que las inversiones que realizan los gobiernos en infraestructura, no solo en vías, sino en aeropuertos, puertos marítimos y todas las obras civiles que generan desarrollo requieren de grandes cantidades de millones de pesos y esos dineros provienen de los impuestos que pagan los colombianos y recauda la Dian anualmente. Estas obras no son capricho de las administraciones, son indispensables para la prosperidad nacional y el deber ser de los gobiernos para lograr que los productos propios lleguen a los mercados internacionales y puedan competir. Los dineros invertidos cumplen una gran función social por los efectos que producen en la modernización del Estado y los beneficios que reciben los propietarios de propiedades próximas a las obras de infraestructura. Los gobiernos no realizan estas inversiones como negocio para obtener utilidades, pues esas son una de las principales funciones para avanzar y favorecer a las comunidades y continuar con nuevas inversiones y desde siempre, el retorno de esos capitales se ha logrado con el impuesto o tasa de valorización.
Los dineros que destinan los gobiernos para realizar estas obras provienen de los impuestos que recibe por diferentes conceptos, como renta, IVA, ganancias ocasionales y otras que pagan los colombianos todos los años, por lo tanto deben ser retornados para nuevas inversiones. En el caso de la Circunvalar de la Prosperidad, que parte desde el barrio La Boquilla en Cartagena, hasta el barrio Las Flores en Barranquilla con 147 kilómetros, ya terminada, tuvo una inversión de 2.4 billones de pesos. La vía de cuarta generación atraviesa municipios, corregimientos, veredas y dos departamentos, favoreció a cientos de propietarios de tierras y viviendas, que en el pasado reciente sus precios eran mínimos. El último trayecto hasta Las Flores, un metro de tierra tenía un valor de veinte a cuarenta mil pesos, hoy cuesta hasta un millón de pesos, los terrenos se valorizaron por la nueva Circunvalar de la Prosperidad, generando grandes utilidades a propietarios.
¿Quiénes fueron favorecidos?, los terratenientes y capitalismo salvaje que se rehúsan a pagar el impuesto de valorización y pretenden aumentar sus riquezas con los dineros de los impuestos que pagan los colombianos. Aun peor, los congresistas elegidos por el pueblo para que defiendan sus intereses, son quienes abogan y presentan tutelas ante las altas cortes para que los exoneren del impuesto, de ahí surge otra pregunta, ¿cuál es el interés de ese pequeño senador del CD de protegerlos, al igual que otros parlamentarios del partido de Gaviria?. Lo seguro que son dueños de tierras en esa zona o algún familiar, la petición del pueblo es contundente, quienes se favorezcan con dineros del pueblo deben pagar, no sobre la inversión, sino lo valorizado. No pagar los impuestos de valorización representa un atraso para los proyectos de infraestructura que deben continuar en el país, especialmente las vías terciarias, como Cuatro Bocas – Bajo Ostión de siete kilómetros a un costo de $30 mil millones, como apareció registrado en el Plan de Desarrollo 2020, pero no se ejecutó y en caso de no recuperar la inversión, el gobierno tendría que instalar nuevos peajes.
