El Fondo Monetario Internacional recomienda una serie de reformas estructurales que implican mayor flexibilización del tipo de cambio, eliminación de subsidios, ajuste fiscal y endeudamiento externo, todo en un contexto de creciente inflación, pérdida de reservas internacionales y aumento de la desigualdad.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha lanzado una advertencia clara a Bolivia en su Reporte de mayo de 2025: si el país desea recuperar la estabilidad macroeconómica para el año entrante, deberá ejecutar un giro profundo en su estrategia económica. Según el organismo, el actual modelo de sostenimiento del tipo de cambio fijo con reservas internacionales precarias es inviable y debe ser reemplazado por un régimen más flexible, acorde con las condiciones del mercado.
En palabras del informe, Bolivia debe permitir que el dólar fluctúe libremente, controlando simultáneamente la liquidez del boliviano para preservar la estabilidad de precios. Para que este proceso sea efectivo, el FMI propone remover los seguros legales sobre las tasas de interés y permitir que los depósitos y créditos domésticos se ajusten al valor real del mercado. Aunque la intención declarada es frenar la inflación y evitar la recesión, el trasfondo apunta a un incremento de la deuda externa y a la venta de empresas estratégicas del Estado, algo que recuerda a las crisis de los años 90.
Otro eje de las recomendaciones del FMI es una profunda reforma fiscal, que elimine la participación del Banco Central en la financiación del gasto público y permita reducir el déficit sin erosionar la soberanía nacional. Esta consolidación incluiría recortes al gasto en salarios del sector público, lo que impactaría directamente en la calidad de vida de la población más vulnerable. No obstante, el FMI reconoce que hasta ahora este segmento ha sido relativamente protegido por las políticas del gobierno de Luis Arce.
El problema de fondo, indica el informe, es la escasez de dólares. Esta situación ha disparado la inflación en los productos de la canasta básica familiar y ha generado un déficit de balanza de pagos. Al no poder importar insumos y encarecerse la producción nacional, el crecimiento económico se ha visto paralizado. En este contexto, el déficit fiscal superó el 10% del PIB entre 2023 y 2024, agravado por la caída de ingresos por hidrocarburos y casos de corrupción, como el escándalo con la empresa Botrading, señalada por sobreprecios en la importación de combustibles.
Parlamentarios como Héctor Arce y Carlos Alarcón han denunciado públicamente la opacidad en la relación entre YPFB y Botrading, una empresa que sería propiedad indirecta del Estado y que “se vende a sí misma” el combustible, generando ganancias ficticias. Esta práctica, sumada a la mala gestión y la escasez de carburantes, ha afectado gravemente al sector agropecuario, particularmente a la pequeña y mediana empresa, ya golpeadas por los efectos del fenómeno de El Niño.
El informe también revela que, al cierre de 2024, Bolivia contaba con apenas 2.000 millones de dólares en reservas, de los cuales solo 90 millones eran líquidos, y el resto estaba comprometido en oro restringido. Para obtener liquidez, el gobierno compró cerca de una tonelada de oro por mes, a un costo de 80 millones de dólares, usando luego parte de esos fondos (unos 200 millones de dólares) para recomprar eurobonos con un recorte del 70%.
En paralelo, la deuda pública se situó en un 95% del PIB, mientras el crecimiento de las empresas estatales dedicadas al negocio del oro elevó su participación económica del 1% al 4,3% del PIB entre 2013 y 2024. Esto fue resultado de la controvertida Ley del Oro, que permitía su compra a cambio del tipo oficial del dólar, debilitando aún más las reservas internacionales.
A este complejo panorama se suma el dramático aumento de la desigualdad. El índice de GINI, que mide la distribución de la riqueza, pasó de 16.1 durante el gobierno de Evo Morales a 42.1 en 2023, según el Banco Mundial. A pesar de que el gobierno de Arce sostiene que la inflación y el desempleo están controlados, el índice de precios al consumidor (CPI) aumentó de un 2% en 2023 a un 15% en 2025, reduciendo de manera sustancial el poder adquisitivo de la población. Según cálculos del propio informe, el salario de un trabajador promedio se ha reducido en su valor real a un tercio de lo que era en 2023.
Los ingresos fiscales en 2023 provenían en un 24% del fondo de pensiones, en un 31% de impuestos a bienes y servicios, y en un 20% de impuestos a la propiedad. Estos ingresos, sin embargo, fueron utilizados para sostener una política de gasto público deficitaria, centrada en la creación de empresas privadas que drenaron recursos estatales a favor de una élite empresarial privilegiada.
En este contexto, muchos bolivianos temen un retroceso a la época de la capitalización forzosa de empresas estatales que marcó el periodo del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Hoy, a las puertas de un nuevo ciclo electoral, diversos candidatos proponen seguir la línea del FMI o simplemente “vender el litio” para resolver la crisis. Sin embargo, la historia reciente parece demostrar que solo con políticas de redistribución como las implementadas por Evo Morales durante sus 14 años de gobierno se logró reducir la desigualdad y asegurar un crecimiento económico sostenido.
Y.A.
