Redadas indiscriminadas, detenciones de niños y persecución a comunidades hispanas reflejan el colapso moral de un sistema judicial utilizado con fines políticos y represivos.
La actual política migratoria en Estados Unidos ha cruzado los límites de la legalidad, la ética y los derechos humanos. Lo que alguna vez fue una nación que prometía libertad y oportunidades para todos, hoy exhibe un rostro distorsionado por el autoritarismo, el racismo y la impunidad. En nombre de la seguridad nacional, agentes de ICE y miembros de la Guardia Nacional han desatado una ola de redadas masivas en comunidades hispanas, actuando con impunidad bajo el pretexto de proteger al país de una supuesta “amenaza extranjera”.
El caso más reciente que escandaliza a la opinión pública es el de Kilmar Abrego García, acusado por el gobierno de ser un “importante traficante de personas”. Sin embargo, la narrativa oficial está plagada de inconsistencias. La acusación, surgida de una simple parada de tráfico en 2022, no generó cargos ni multa en su momento. Hoy, sin pruebas claras, Abrego García podría enfrentar hasta diez años de prisión por cada “extranjero” transportado. Su abogado denuncia lo que muchos consideran evidente: “Esto es un abuso de poder”.
Mientras tanto, los agentes del ICE —equipados como si estuvieran desplegados en una zona de guerra— han secuestrado a estudiantes de primaria y trabajadores humildes, sembrando el terror en lugares como Tallahassee, Torrance, Tucson, San Diego y Minneapolis. La taquería Las Cuatro Milpas, símbolo de la cultura latina en Minneapolis, fue allanada por un escuadrón compuesto por FBI, ATF, HSI, DHS y DEA, quienes se presentaron con equipo militar completo, vehículos blindados y armas largas. Sin realizar un solo arresto, sembraron el miedo entre los residentes. “Esto es una campaña de intimidación”, declaró un testigo. “Estamos a un paso de las leyes de Jim Crow”, advirtió el fiscal general Keith Ellison.
La situación ha alcanzado niveles de crueldad kafkiana. El arresto de Martir García Laura, un niño de 9 años, junto a su padre durante una audiencia migratoria, y la detención de Marcelo Gomes Da Silva, un estudiante con honores, no son incidentes aislados. Son parte de una estrategia sistemática de persecución donde las personas son reducidas a números y los errores de papeleo se convierten en crímenes.
En paralelo, Stephen Miller, una de las figuras más siniestras del aparato migratorio, exige más detenciones, más redadas y más víctimas. “¿Por qué no están en Home Depot? ¿Por qué no están en 7-Eleven?”, gritó a sus subordinados, reflejando un desprecio absoluto por la vida y dignidad de los inmigrantes. “Vamos a inundar la zona”, advirtió Tom Homan, exaltando un enfoque represivo que no distingue entre culpables e inocentes.
Esta política de persecución también se ha infiltrado en las instituciones académicas. Estudiantes y científicos extranjeros enfrentan acoso constante, acusaciones infundadas y campañas de desprestigio. La intervención de personajes como “Ice Barbie”, quien acusa a Harvard de colaborar con el Partido Comunista Chino, refleja el uso político de la paranoia xenófoba para distraer de la incompetencia del régimen.
Las irregularidades y abusos han provocado la renuncia de funcionarios de carrera como Ben Schrader, exjefe de la división penal federal en Tennessee, quien denunció motivaciones políticas en el caso contra Abrego García. Más de 70 jueces y abogados presentaron una queja ética contra Pam Bondi, acusándola de manipular el sistema judicial y de ejercer “una grave mala conducta profesional que amenaza el Estado de derecho”.
El desprecio por la legalidad también se manifiesta en operaciones como la deportación fallida de ocho inmigrantes a Sudán, detenidos sin justificación en una base naval en Yibuti junto a once agentes del ICE, en condiciones inhumanas. Un juez estadounidense intervino para evitar la deportación, dejando en evidencia la improvisación y brutalidad de estas medidas.
La política migratoria estadounidense ha mutado en una estrategia de intimidación pública, racismo institucional y represión sin precedentes. Las comunidades de inmigrantes, en su mayoría latinas, viven bajo un asedio constante. “Hagan tacos, no muros”, rezaba irónicamente el cartel frente a Las Cuatro Milpas mientras los agentes del orden descargaban su violencia. Pero detrás del sarcasmo, la realidad es sombría: un país atrapado en una espiral autoritaria que criminaliza la pobreza, la piel morena y la esperanza.
Y.A.
